El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adelanta aspectos de un informe en el cual, por lo que respecta a México, los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz son los que registran las mayores insuficiencias en salud, educación e ingreso. Es decir, son los cinco estados más pobres de los 32 de la Federación.
El informe no es novedad. Tenemos bien claro que el rezago nacional y la desigualdad son más perceptibles en el sur del país, a diferencia del pujante e industrioso norte; el aporte del informe es que el PNUD sustenta sus afirmaciones con un cúmulo de datos, cifras y testimonios documentales. Este ano, además, el estudio introduce una novedosa variable de evaluación, que es la forma en que la inseguridad pública y la delincuencia impactan la vida de las personas de menores ingresos.
El aumento de la delincuencia en los municipios más pobres del país golpea con mayor fuerza a los desposeídos o a quienes tienen pocos recursos, ya que para ellos el dano patrimonial resultante es mucho más significativo que para las clases pudientes. Los pobres suelen perderlo todo, o casi todo: su único vehículo pagado a plazos, su televisor, su reproductor de discos compactos, su raya quincenal, sus insumos de trabajo o las materias primas para el mismo.
También el informe resalta que el acceso a la justicia en países como México es desigual, pues muchas veces está condicionado a las posibilidades que tienen las víctimas de pagar por su defensa.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llama, pues, a los gobiernos locales a combatir, antes que nada, la pobreza, pero también a mejorar la situación de la seguridad pública y la impartición de justicia, que también son formas de profundización de las desigualdades en la sociedad.
En el caso mexicano, el gobierno federal suele ser triunfalista cuando pregona sus logros en materia de asistencia social, siempre a la zaga de las crecientes necesidades, y los gobiernos locales proclaman siempre sus esfuerzos para atraer inversiones que se traduzcan en puestos de trabajo.
Sin embargo, más que asistencialismo, lo que se requiere es modificar de raíz el modelo económico para proveer de empleos suficientes y bien remunerados a los pobres. Un padre con empleo puede alimentar y educar a sus hijos, de tal modo que les permita ser trabajadores mejor dotados para obtener empleos de más paga, lo que abriría la puerta a un círculo virtuoso por el cual el día de manana tendrían que ir desapareciendo los programas asistencialistas y aun filantrópicos del gobierno federal.
Todos los estados rivalizan en la encarnizada competencia por atraer inversiones, pero pocos eliminan los obstáculos para que los inversionistas lleguen, los cuales incluyen desde complicados y tardados trámites burocráticos, prácticas deshonestas y condiciones improcedentes hasta insuficiencias en la infraestructura de comunicaciones, puertos, ferrocarriles, ciudades, personal calificado y apto para integrarse en las modernas empresas, hasta el olvido de vastos recursos que tenemos sin explotar.
El informe del PNUD es un campanazo de atención que merece ser atendido, tanto por las razones aducidas de la seguridad pública como por la obligación de hacer de la justicia social una realidad permanente. No podemos perpetuar situaciones de injusticia que al final siempre terminan por afectar más a los que menos tienen.
