En sus conclusiones y recomendaciones entregadas a la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de Vigilancia de ese organismo puso en evidencia el incumplimiento en las metas de prevención del delito y reducción de robo en carretera, con un rendimiento mínimo respecto del gasto en este sentido. Además destaca que desde 2010 el número de delitos ha crecido a un ritmo promedio anual de 41.3 por ciento, lo que muestra la necesidad de adoptar estrategias que fomenten la participación social en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Frente a la necesidad de preservar la integridad de las personas, sus bienes y sus garantías individuales, lo que se observa en los últimos años es un notorio incremento en la comisión de delitos a pesar del constante aumento en las partidas presupuestales a los entes del sector Seguridad Pública.
En los trabajos de análisis del Informe, se ha constatado que desde 2008 vienen incrementándose los homicidios y para 2010 se llegó a más de 15 mil. Igualmente, se informa que los recursos al Sistema Nacional de Seguridad Pública se multiplicaron por tres entre 2005 y 2010.
En el documento se explica que a la Cuenta Pública del 2010, recién revisada por la Auditoría Superior de la Federación, se hicieron dos revisiones de desempeño a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal, lo que puso de relieve que las acciones de estas dos dependencias en todo ese año tuvieron escaso impacto. Se determinó que sus acciones en la materia sólo beneficiaron al 0.4 por ciento de los mexicanos en prevención del delito. Además, la Policía Federal no cumplió en el lapso con la meta de reducir los asaltos en carreteras.
En el caso de la Policía Federal, se realizaron auditoría financiera y de cumplimiento a los operativos para la prevención y disuasión del delito y el dictamen resultó negativo.
Se detectó que 15 mil 698 comisiones por un total de 60.1 millones de pesos, no cumplen con las características establecidas para su ejercicio en las normas de la materia. Lo anterior dio como resultado que se hayan determinado recuperaciones por 9.18 millones de pesos.
Adicionalmente se establece que en las instancias de procuración de justicia las prácticas de impunidad y violación a los derechos humanos dificultan la meta de la paz social y seguridad pública.
