El salvaje asesinato del adolescente Fernando Martí, de 14 anos, junto con su chofer Jorge Palma Lemus, de 61 -torturado previamente hasta despojarlo de todos sus dientes- ha sido el catalizador de una generalizada demanda de justicia y de contención de una violencia alentada por la impunidad. También, por supuesto, ha dado oportunidad de atizar el golpeteo entre políticos.
Principalmente contra el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ya disminuido por la matanza de la discoteca New's Divine. El propio presidente Felipe Calderón lo conminó a coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad, en lugar de organizar consultas que dividen a los ciudadanos con temas que éstos no ven como los más urgentes.
Sin embargo, la seguridad, fin primero del Estado, no solamente está hecha trizas en el DF, sino en buena parte de la República. Baste recordar a Naomi, la aún hospitalizada nina de tres anos lesionada en su cuna por una bala perdida; las ninas acribilladas en Guamúchil, Sinaloa, al salir de una fiesta de 15 anos; la toma de rehenes en un centro comercial de Mazatlán; los secuestros y crímenes en Guerrero y el estado de México; y otra larga relación de sucesos criminales. Sesenta secuestrados han sido asesinados en este sexenio.
La airada reacción de los mexicanos se notó en una caudalosa corriente de comentarios coincidentes con el editorial de ayer, provenientes de todas partes.
La censura a las autoridades y los policías -no sólo ineficientes, sino criminales y que se sirven de los datos internos para planear sus desmanes- es unánime, sin distinción de partidos, y hay hasta propuestas para reinstaurar la pena de muerte.
Antes de estos extremos, habría que aplicar simplemente la ley actual, con integridad y eficacia. No es poca cosa.
Es necesario poner un límite.
El espejismo de la pena de muerte
La rabia y la indignación por el brutal secuestro y asesinato de Fernando Martí han revivido el debate sobre la conveniencia de la pena de muerte en México.
La escoria responsable por este caso merece el más duro de los castigos, pero decidir la vida o muerte de una persona es demasiada responsabilidad para dejarlo al arbitrio de un sistema judicial tan corrupto y politizado como el nuestro.
Si, como se asegura públicamente, se permite la corrupción en los sindicatos, la pederastia entre los poderosos, si se condena a indígenas por desconocer el espanol, si el Ministerio Público desaparece o aparece pruebas según quién pague, zcómo confiar en que la vida de inocentes quedará fuera de riesgo?
En un sistema más eficiente, caso de Estados Unidos, por ejemplo, la medida no ha demostrado por sí misma reducción en los índices delictivos. El caso de José Medellín ilustra que la revisión de un proceso de pena capital es susceptible incluso de criterios raciales.
La discrecionalidad inevitable, sujeta a prejuicios e intereses de todo tipo, que avalaría la pena de muerte es inmoral en cualquier sistema judicial. (El Universal)
