La familia Abarca Montejo acompañado de organizaciones como: Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y Mining Watch Canadá, acudió a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo.
El pasado 5 de febrero, Jose Luis Abarca, hijo de Mariano, solicitó al Comisionado de la Integridad el Sector Público de Canadá, abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México, porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida del activista chiapaneco, y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.
Dicha solicitud presentada, demostró con documentos y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, el apoyo que la embajada dio a la empresa, aún conociendo la amenaza que representaba para Mariano y su familia. Ya que todos los hallazgos presentados fueron fundamentados a través de la ley de transparencia.
“Se revela que el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales”, agregó.
Sin embargo, la familia Abarca Roblero recibió la negativa por parte del Comisionado para abrir una investigación, por tanto, solicitaron un recurso de apelación ante la Corte Federal este 25 de marzo. Además, desde el país canadiense se realizan diversas actividades para visibilizar el caso.
Por tanto, Jose Luis Abarca informó que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia, defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería, no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado.
Además, calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. También, reafirmó que el comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho.
