Demandan liberar a habitante de El Escalón

Más de 200 habitantes de la comunidad de El Escalón, municipio de San Cristóbal, realizaron una protesta frente a las oficinas del Palacio de Justicia regional y de la alcaldía local para exigir la liberación de uno de sus habitantes detenido en mayo pasado por el delito de privación ilegal de la libertad a causa de una disputa agraria ocurrida hace 11 años.

Los inconformes dijeron que no se explican por qué 11 años después del diferendo y de que el grupo contrario interpuso la denuncia correspondiente, fue detenido su compañero Salvador Gómez Méndez.

Fuentes de la alcaldía de San Cristóbal informaron que el indígena, preso en el penal situado en este municipio, fue detenido en mayo pasado por sus vecinos de El Porvenir, municipio de Huixtán, quienes lo pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena, acusado del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro.

Los representantes de la comunidad explicaron que la denuncia que en 2008 interpusieron los pobladores de El Porvenir se derivó de la retención de un grupo de habitantes de ese lugar, que se habían apropiado de 14 hectáreas de El Escalón, destinadas a una reserva ecológica, por lo que ellos interpusieron una denuncia por despojo.

Comentaron que en esa ocasión, después de permanecer retenidos en la escuela durante algunas horas, los retenidos fueron entregados a las autoridades estatales después de llegar a un acuerdo, pero interpusieron una denuncia por privación ilegal de la libertad ante una gente del Ministerio Público.

Aseguraron que su asesor jurídico de entonces fue el ahora síndico del ayuntamiento de San Cristóbal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, a quien responsabilizaron de la detención de su compañero.

“Desde 2008 las cosas quedaron en paz, pero el 8 de mayo pasado fue detenido injustamente nuestro compañero Salvador, sin que sepamos qué hay detrás y cuál es la intención”, añadieron.

Manifestaron que El Porvenir se formó luego de que en 1994 habitantes de Huixtán se posesionaron de 350 hectáreas del rancho San José, propiedad de los hermanos Salazar, que se repartieron 50 familias que “devastaron la zona arbolada de pinos, cipreses y robles”.

Aseguraron que en 2008 “intentaron tomar las 14 hectáreas de nuestra reserva ecológica y un manantial que existe en el corazón de la misma, donde habitan aves, conejos y venados”, por lo que algunos pobladores de El Porvenir fueron retenidos, lo que originó la denuncia en su contra.