Investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) expresaron preocupación y rechazo a toda acción que violente a la población y sus derechos humanos, máxime proviniendo de personal que labora en instancias oficiales como es el Instituto Nacional de Migración.
Lo anterior, ante los hechos que ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova a través del comunicado titulado: Privación indefinida de libertad y violaciones de derechos, persisten en el Centro de detención para migrantes de Tapachula, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, entre otras autoridades.
Precisan que les preocupa la manera cómo se está ejecutando el llamado Programa Integral Frontera Sur, pues aún cuando en su séptimo objetivo estratégico está el de asegurar que la autoridad actúe con estricto apego a los derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas, no se favorecen dichos procesos.
Argumentan que “no se escucha su clamor al pedir ayuda humanitaria, no se están otorgando visas o condiciones de estancia por razones humanitarias y se ha incrementado notoriamente el número de víctimas por las rutas establecidas o alternativas”.
Por ello, exigen una aclaración a las autoridades correspondientes sobre el trato que reciben hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sobre la no consideración del debido proceso y sobre la presencia de personal de Estados Unidos en instalaciones públicas mexicanas relacionadas con la migración.
