"Francisco Valdés Ugalde * SUN
A institución de un sistema político en que el ciudadano escoge entre alternativas de gobernantes y programas de gobierno, y que le da la última palabra sobre quién y cómo gobierna, es un derecho fundamental. Igual que todos los derechos fundamentales, debe protegerse contra excesos de grupos minoritarios, incluso de mayorías que eventualmente opten por alternativas de gobierno no democráticas. La juventud o, más bien, adolescencia por la que pasa el sistema democrático en México evidencia una franca inmadurez en este respecto. Con no poca frecuencia, personajes políticos que encarnan las posiciones más relevantes son poco explícitos al definir su postura en relación con el tema y a veces francamente contrarios a abordarlo o proclives a evadirlo.
Quizá uno de los saldos más preocupantes hacia el final de la primera alternancia en la Presidencia sea la ausencia de consenso mínimo de transformación y ajustes democráticos al régimen político. Hasta hoy han fallado los intentos por llevar a cabo la renovación profunda de las instituciones que se requiere para que los órganos principales de Gobierno del Estado sean, además de representativos, eficientes para los propósitos por los que existen.
El ejemplo más conocido de esta falla es el de las así llamadas reformas estructurales que la administración foxista presentó al Congreso. Pero igualmente preocupantes son los estancamientos de la reforma al sistema de justicia y a la ley de amparo, de las reformas electorales y legislativas, de los cambios al sistema de medios masivos de comunicación, de la agenda pendiente en las relaciones entre municipios, estados y Federación, así como de la reorganización del Poder Ejecutivo, por mencionar solamente las más importantes.
Para reconocer esto no hace falta negar los avances que se han dado en algunas materias. El acceso a la información gubernamental (a nivel federal) y el servicio civil de carrera sobresalen entre las que se han dado en materia política.
Pero estos avances importantes son mojoneras útiles para identificar el vasto territorio del sistema político en donde los cambios han sido pospuestos.
Parte del problema reside en que las concepciones minimalistas de la democracia han terminado por prevalecer en la conciencia de los actores políticos determinantes. No era así antes de que pudieran alcanzar cargos de representación popular apoyados en la movilización social por la democracia que condujo a garantizar el sufragio efectivo. Por entonces, democracia era antítesis de plutocracia y la prognosis de la ""partidocracia"" no era parte del horizonte de visibilidad. La asociación entre ""oposición"" al sistema hegemónico y ""sociedad civil"" parecía una ecuación plausible que se ha dislocado.
Al cambiar el equilibrio del poder político a favor de la pluralidad de la representación, los intereses de los partidos y la sociedad civil se han decantado. En ausencia de tradiciones y sistemas adecuados para llamar a la rendición de cuentas, para controlar las rutinas fundamentales de la clase política, esta última ha tendido a girar en torno de la lógica de un sistema de poder cuyas reformas resulta más conveniente posponer que afrontar. El oportunismo, aunado a la ignorancia y la ineptitud (y, en no pocas ocasiones, a la mala fe), se ha apoderado de los movimientos fundamentales de la política.
Nadie debe escandalizarse por ello. Una vez cerrado un ciclo de cambio, las prácticas políticas forjadas en él se vuelven ordinarias y el impulso de transformación procede al reflujo. Nada se arregla con planidos en contra de prácticas que han logrado su asiento en el sistema.
El verdadero problema es cómo se retoma la senda del cambio, en especial cuando de lo que se trata es de concluir una tarea inacabada: dar coherencia democrática a un sistema de gobierno construido para el ejercicio impune de la arbitrariedad. No hay respuesta fácil a esta interrogante. Está por verse cuál es la plataforma electoral de cada partido; cuáles son las convicciones de fondo de cada candidato; qué distancia se abrirá entre las ofertas viables y la mercadotecnia mediática y, finalmente, qué decisiones toma el electorado en la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, si la presión por el cambio institucional no aumenta sobre los actores políticos puede preverse la continuidad de un gradualismo que no se atreverá a dar el salto para completar el ciclo histórico del cambio democrático.
En la semana que empieza se abrirá el periodo oficial de la contienda electoral. En él habrá que estar atentos a las definiciones que sobre la democratización y modernización del sistema de gobierno hagan los candidatos presidenciales y legislativos.
La plataforma de los partidos y la conformidad de los abanderados electorales con ella es crucial para el futuro del país, pues en ellos está una clave para evitar una involución política asida de la invocación a las virtudes supuestas de un sistema ""hipermayoritario"" como el que representó el PRI cuando gobernó el país ininterrumpidamente.
Cada retraso en la reforma del sistema político y de gobierno es un escamoteo de derechos fundamentales. Los mexicanos tienen derecho a un orden democrático que sólo el minimalismo ramplón puede considerar instituido. Es cierto que el sistema que tenemos, a pesar de sus defectos, es mejor que el que fue superado. Pero si se olvida atacar las asignaturas pendientes, la menor de las consecuencias será la perpetuación de la mediocridad prevaleciente.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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