Si algo cuesta a México es su democracia electoral. Del ano 2000 a la fecha se han destinado casi 61 mil 300 millones de pesos al gasto electoral. Más de 20 mil millones fueron para los partidos, casi 34 mil millones para el Instituto Federal Electoral y el resto para el tribunal electoral y para la fiscalía de atención a los delitos comiciales.
zVale la pena? Sí, en principio. Muestra que, desde el punto de vista institucional, mantenemos la esperanza en que la democracia se instala permanentemente entre nosotros, y la alimentamos con recursos, leyes y aparatos. Pero todavía falta que los partidos respondan a ese esfuerzo con altura.
En un informe del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados se revela que el gasto electoral es tan alto que significa 62% de lo que se concede a ciencia y tecnología. Un examen comparativo más completo debe establecer la relación de este gasto desorbitado con el que corresponde a desarrollo social, sustantivo en el presupuesto pero luego sujeto a modificaciones sobre la marcha.
También conviene cotejar el gasto electoral mexicano con el de otros países, digamos Estados Unidos, Chile, Espana, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Notamos en el análisis que casi mil 400 millones de pesos se destinaron a partidos que ya no existen. Sumariamente, nacieron, cobraron y desaparecieron. Sin proponer medidas que desalienten la participación democrática, es procedente meditar en la conveniencia de mejorar las regulaciones para moderar el gasto detectando las organizaciones de precaria existencia.
zNo es posible armar toda una operación organizativa partidaria con el único propósito de obtener beneficios económicos con las prerrogativas a los partidos? La magnitud de los recursos distribuidos es demasiado tentadora.
De todos modos, el gasto electoral se hace con dinero que se resta a un presupuesto con urgencias mayúsculas, como el bienestar social, la seguridad y el fomento a la mayor creación de empleos.
Lo llamativo es que hay desproporciones notorias entre el gasto electoral y sus resultados. Un ejemplo reciente fue la operación para conceder el voto a los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero. Tan no era un asunto prioritario, que la respuesta fue ínfima y el presupuesto tuvo que reducirse drásticamente.
Lo mismo ocurre con el abstencionismo. Se gasta una fortuna para organizar elecciones y promover el voto, pero casi la mitad de los ciudadanos se resiste a acudir a las casillas electorales. Las razones que tengan son motivo de discusiones duraderas, pero el resultado no está al mismo nivel de lo invertido.
Está bien en destinar una respetable proporción del presupuesto nacional en las elecciones, pero es necesario reclamar mayor eficiencia en la convocatoria al voto. Nada nos exime de la demanda de buscar un equilibrio entre los logros y el costo.
El Poder Legislativo y todos los involucrados en los asuntos electorales tienen que buscar y adoptar nuevos esquemas para la participación política. zO cuánto tiempo han calculado que el pueblo pueda resistir semejante carga? (El Universal)
