El debilitamiento de las identidades y referencias territoriales de las campanas y estrategias electorales se ha acentuado en los últimos anos de manera significativa.
La ciudadanía de baja intensidad, que se expresa en la posesión de una credencial de elector en función del vínculo a un domicilio fijo, no es ya la característica decisiva para determinar el tipo de acciones a realizar en materia de propaganda electoral. Para formular y aplicar una estrategia electoral, importa cada vez más la pertenencia fugaz o definitiva a un segmento social, de la muy variada segmentación que la sociología y el marketing político son capaces de establecer, en vez de las referencias o asideros territoriales de los ciudadanos.
Basta exponerse al alud de spots que cotidianamente se exhiben en las múltiples frecuencias del espectro radioeléctrico para advertir la fuerza de la nueva tendencia de la lucha política, que se ha centrado en la instrumentalización del concepto de audiencia.
Las categorías utilizadas por el viejo enfoque de la propaganda política, como sociedad, pueblo, clase o grupo social, han caído en desuso porque han perdido fuerza para expresar y representar las nuevas realidades sociales.
No hay alternativa posible en el corto plazo. La hipótesis que subyace en la nueva tendencia que predomina en la democracia de audiencia parece haber sido aceptada de antemano, sin deliberación alguna y sin verificación. Y refiere la idea de que el uso eficaz de los medios audiovisuales será el factor decisivo para ganar elecciones.
Arrastrados por esta nueva tendencia, ya sea por convencimiento o simplemente empujados por el imperativo de competir en las arenas mediáticas, todos los que tienen algo que ver o que perder en las elecciones concentran sus recursos y energías en la producción del insumo más importante de la política electoral de nuestro tiempo: spots publicitarios.
Los millones de pesos que potencialmente implica el uso del tiempo aire homologable a los tiempos de Estado, que administra el IFE, no despertarían tanta polémica ni interés público si no fuera porque la temporada electoral esta vez discurrirá en el contexto de la crisis económica más severa de los últimos 15 anos, en medio de la batalla más encarnizada contra la delincuencia organizada y en el marco de la pretensión evidente de los medios audiovisuales para expresar el predominio exultante que ejercen sobre la vida pública.
Las campanas de contacto directo, a ras de tierra, de intercambio comunitario y de casa por casa, además de imposibles de realizar por la alta densidad poblacional de los distritos electorales federales, se han convertido en líneas de acción política de menor relevancia, en relación con las estrategias de alta exposición mediática.
La democracia de audiencia no es una asignatura optativa de la democracia electoral. Es un curso obligatorio que ya ha empezado a cambiar el rostro de la vida política, así como los contenidos de la agenda pública.
El mejor ejemplo de ello es el sesgo de servidumbre hacia los medios audiovisuales que adoptó la más reciente reforma electoral. Que no fue debidamente completada y que ha empezado a meter en problemas al IFE, ya que a las reformas constitucionales y legales no le siguió la actualización de los reglamentos correspondientes.
Es paradójico que ante las contrahechuras y distorsiones que ya ha traído consigo la aplicación de las nuevas reglas electorales, los actores políticos que las promovieron y aprobaron empiecen a encogerse y a abjurar de ellas y de su responsabilidad en el tema, como la piel de zapa de Balzac.
La transición mediática está inconclusa. Los poderes fácticos se encaraman sobre los hombros de las instituciones y desafían a los actores políticos. Ese es el telón de fondo. Mientras tanto, los ciudadanos se diluyen en los segmentos de la audiencia, que han sido predeterminados por los medios y los estrategas electorales. Unos ganarán elecciones, y otros, predominio sobre los poderes públicos.
Juan Francisco Escobedo, doctor en Ciencia Política y Sociología. (El Universal)
