"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. El jueves y viernes pasados, El Universal dio cuenta de la triste situación en que ha caído la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA). Aunque su secretario técnico actual, Agustín Basave, ha hecho declaraciones minimizando el problema, lo cierto es que a casi 10 meses de instituirse, la CENCA no ha conseguido construir los consensos fundamentales que se requieren para que el Congreso encare los cinco temas que se propuso como objetivo: sistema electoral, régimen de Estado y gobierno, reforma al Poder Judicial de la Federación, federalismo y garantías sociales.
La reforma constitucional en materia electoral carece de la envergadura y la altura de miras que la sociedad esperaba como resultado de este proceso de ""negociación y construcción de acuerdos"". El IFE sigue sin cabeza y su descomposición ya es visible. No sabemos si los danos causados son remediables. El proceso electoral de 2009, que seguramente arrancará en 2008, nos dará pruebas.
La decisión de eliminar la propaganda política pagada en los medios de comunicación ha sido una resolución altamente controvertida que, independientemente de sus bondades potenciales, no parece encaminarse a la creación del espacio público que en los medios electrónicos requiere la vida política nacional. Y esto por la sencilla razón de que no hay consenso sobre nuevas leyes de medios y de telecomunicaciones que haga honor al espíritu y letra de la Constitución en la materia. Este factor suele escapar al mero examen técnico legal de la cuestión, y es nada menos que el factor político fundamental de la misma.
Habrá que ver si la CENCA consigue hacer progresos en los últimos dos meses y medio que le quedan de vida y si encamina hacia las comisiones de las cámaras temas cruciales, tales como ""régimen de Estado y gobierno, federalismo, reforma del Poder Judicial y garantías sociales"".
Considerando los antecedentes de su desempeno, hay fundamento para dudar de su capacidad en la situación de polarización política y anteposición del cálculo estratégico al debate democrático franco que predomina entre las fuerzas políticas y que ya impregna al país.
Es evidente que el proceso de democratización se ha detenido en el umbral de las tareas de mayor alcance y responsabilidad. Cómo darle a México un sistema político claramente diferenciado de su pasado hegemónico, cómo hacer transitar a la República de su condición autoritaria a una nueva era democrática, cómo crear sistemas para combatir la pandemia de la corrupción, cómo poner las estructuras de gobierno al servicio de la ciudadanía y no de unos cuantos privilegiados que tienen los recursos necesarios para ""darle la vuelta"" a lo que sea menester.
El anterior secretario técnico de la CENCA, Alberto Aguilar Inárritu, ha hecho una advertencia que debe tomarse en serio: ""Si no se avanza en la reforma del Estado el país podría abrir el paso a las acciones violentas o a movilizaciones sociales"". Así refirió sus palabras la nota de Francisco Reséndiz y Andrea Merlos de El Universal, el viernes primero de febrero en la primera plana.
Si en los anos 90 la preocupación seminal para dar curso a una reforma del Estado fue coronar el cambio democrático con la edificación de un Estado moderno de derecho, verdaderamente digno de ese nombre por su puesta al servicio real de la nación, la urgencia de hoy es contrarrestar la postergación irresponsable que se ha hecho de esa tarea, y de la que son causantes, en mayor o menor medida, todos los partidos políticos con capacidad real de influencia en el proceso legislativo.
Con un clima de violencia criminal que acecha cotidianamente, con la presencia de grupos de insurgencia armados, y ante el peligro de desbordamiento de expresiones sociales contenidas o aplazadas, el Estado mexicano, hoy por hoy, no es capaz de procesar adecuadamente las preferencias sociales, las manifestaciones de descontento ni las situaciones de ingobernabilidad que se presentan en diversos puntos neurálgicos de la vida social y política.
No es solamente una cuestión de voluntad, es un problema de organización política del Estado. Pero ni el clima social ni el ambiente político parecen propicios para acometer las tareas pendientes en el presente. Por lo que hace a lo primero, la cultura cívica parece quedarse en manchones aislados que van siendo sitiados por la cultura levantisca y reivindicativa de la sinrazón, en la que no hay cabida para el diálogo y el debate razonado y fecundo, para el acuerdo y el compromiso, para la tarea esencial de la verdadera política que es recorrer el camino en que a cada quien le corresponde ganar, pero también ceder, conceder, reconciliar.
El grito y la estridencia van comiéndose el espacio ganado por el civismo democrático, que fue la base para desmontar la estructura electoral del autoritarismo, pero prácticamente sólo esa.
Algo análogo ocurre con el ambiente político. La cultura de la intransigencia, los rescoldos de la vieja cultura autoritaria y ""revolucionaria"" del todo o nada. El extendido sentimiento de que quien no piensa como yo, quien no se expresa como yo, quien no coincide conmigo es un enemigo. ?Vaya!, hasta un ""traidor a la patria"".
El país logró dar con el ""qué"": la democracia en su mínima expresión de sufragio efectivo. Sin embargo, no hemos atinado a encontrar el ""cómo"": un régimen plenamente democrático, es decir, un sistema mediante el cual se tomen decisiones democráticas, justas y transparentes. Decisiones que además tienen que ser mixtas. Las decisiones públicas en democracia nunca podrán ser la razón de uno solo, sino la síntesis del diálogo encauzado con los procedimientos que deben corresponder a un verdadero Estado democrático de derecho moderno.
La democracia en México carecerá de calidad mientras no se acometa la reforma del Estado. [email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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