"Francisco Valdés * El Universal. Entre el cúmulo de problemas que enfrenta la tarea de consolidar la democracia mexicana hay uno de la mayor relevancia: el sometimiento de los monopolios, duopolios y empresas que efectúan prácticas monopólicas a la democracia constitucional. Sin hacerlo, no puede existir un estado de derecho digno de ese nombre.
A algunos parecerá exagerado que la ""democracia"" tenga que ver con asuntos económicos. Lo curioso es que quienes rechazan este vínculo suelen ser los más asiduos cultivadores de la teoría económica de la democracia.
zPor qué si hay una relación entre democracia y orden económico? Por la sencilla razón de que en una democracia constitucional la igualdad jurídica de las personas físicas y morales es un principio irrenunciable. Y esta igualdad jurídica es negada o violentada en forma consuetudinaria por aquellas agrupaciones económicas y políticas que, al concentrar un poder desmesurado, pasan por encima del derecho ajeno.
Si lo hacen contra la legalidad prevaleciente, malo, pues se colocan en la ilegalidad, y si lo hacen con apoyo en la legalidad o con subterfugios de tinterillo, peor. En el primer caso se trata de actos que pueden ser castigados dada la existencia de un marco legal que los prohíbe. El segundo es el peor de los mundos posibles, pues habla de la connivencia entre los poderes públicos representativos, como el Poder Legislativo que hace esas leyes, y los poderes fácticos que se convierten en duenos ilegítimos de las riquezas y potenciales de un país.
En México hay monopolios, duopolios y empresas que ejercen prácticas anticompetitivas al por mayor. La Comisión Federal de Competencia (CFC), creada en 1993 y encargada de aplicar la ley en la materia, ha venido desempenando una tarea titánica para poner en línea estas prácticas y cumplir con el objetivo de la ley, que es hacer que la economía mexicana se desarrolle vigorosamente. Esto es imposible sin desmontar las coaliciones de intereses que hacen depender el éxito económico del rentismo y no de la innovación y la inversión que asume riesgos, como sí los asume cualquier ciudadano de a pie en sus actividades cotidianas.
La CFC ha denunciado en varias ocasiones cómo la banca y las empresas de telecomunicaciones, entre las más notorias, se han constituido en poderosos grupos de presión que ""han capturado"" a los organismos reguladores e inclusive al Congreso. Así lo observó Eduardo Pérez Motta, presidente de la comisión (La Jornada, 08/02/07), cuando a Telcel se le ""cayó el sistema"" y dejó en incomunicación celular a cuatro entidades del país.
El ejemplo reciente más dramático es la llamada ley Televisa. Presentada en diciembre de 2005 a la Cámara de Diputados, pasó de largo con la aprobación unánime ?de todos los partidos! Era demasiado tarde cuando la opinión pública se dio cuenta de que este proyecto tenía el propósito de asegurar las nuevas frecuencias del espectro digital para beneficio del monopolio telefónico, del duopolio televisivo y del oligopolio de la radio. En pocas palabras, para que todo quedase ""en familia"".
Cuando la ley llegó al Senado y el PRD despertó de su letargo dándose cuenta del abuso, inició una oposición tan tardía como infructuosa. Como senaló el eminente constitucionalista Elisur Arteaga: ""Es evidente que hubo cierto cabildeo para convencer al senador Emilio Gamboa (del PRI) y a Diego Fernández de Cevallos (del PAN) para que le entraran al fructífero negocio, y ellos le entraron y pusieron todo su capital político para que se aprobara no sé a cambio de qué"" (revista Protocolo, 15/08/06, nota de Fabiola Ramos).
Aún no sabemos a cambio de qué. Pero no hace falta mucho ingenio para entender que en el momento de aprobación de la ley en el Senado las campanas electorales entraban a su fase más intensa, lo que representaba una clara situación de chantaje a los partidos políticos. Imagine el lector lo que podrían haber hecho la radio y la televisión contra el proceso electoral, o en perjuicio de determinadas opciones políticas si se les hubiese negado el privilegio de reservarse el espectro digital.
La historia económica de México es la historia de la institucionalización del privilegio de los rentistas, no de los empresarios progresistas. Desde las Leyes de Indias hasta el fracaso de las reformas borbónicas, desde la Constitución de Apatzingán hasta el fracaso de la República liberal; desde los esfuerzos liberalizadores del usurpador Maximiliano de Habsburgo al entreguismo porfiriano y al Estado corporativo de la posrevolución, la carencia de un Estado democrático ha producido desigualdad jurídica y de oportunidades consagrando el privilegio de unos cuantos. Los mismos que se rasgan las vestiduras y acaban en el fariseísmo filantrópico cuando miran la pobreza de los millones cuyos derechos económicos violentan sistemáticamente.
Lo que hace la CFC es encomiable, pero el tamano de su cometido (abrir la economía mexicana a condiciones de real competencia) se antoja superior a las fuerzas de que ha sido dotada. Las capacidades de vigilancia y sanción con las que el Congreso la ha facultado son insuficientes. Con más frecuencia de la que podría esperarse, como reporta la propia CFC, pierde en los tribunales ante los abogados defensores de las grandes corporaciones. Este hecho debiera llamar urgentemente la atención de los legisladores para dar la vuelta de tuerca que requiere una verdadera modernización de la economía.
Un país que no es propiedad común de sus ciudadanos, sino que tiene duenos de facto concentrados en unas cuantas familias, es un país que no cuenta con una democracia constitucional.
[email protected]
+ Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
"
