La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) procederá contra los bloqueadores de la comunidad Amacoíte, municipio de Ostuacán al identificar que los bloqueos obedecen a extorsiones más que a beneficios para su comunidad.
Rafael Cruz Vázquez, supuesto secretario general de la agrupación Unión de Comunidades y Ejidos del estado de Chiapas (Ucech) además del agente municipal de Bajo Amacoite, Santiago Morales González, fueron demandados penalmente en la Agencia del Ministerio Público de esta localidad, por el presunto delito de extorsión durante los bloqueos en perjuicio de la Unión de Volqueteros de esa localidad.
Los delitos que acreditó el jurídico de la Cooperativa de Transporte Amacoíte en contra de los antes citados son: extorsión, por que les exigen un pago diario de mil pesos por vehículo (trece carros), es decir, 13 mil pesos diarios, que al mes suman 390 mil, que quieren les entreguen en efectivo a los líderes de los bloqueadores.
Otra demanda es por el delito de robo de autos, debido a que los bloqueadores mantienen secuestrados cinco camiones volteos, ademas de daños y los que resulten en agravio del transporte concesionado.
Días antes el delegado de Gobierno, Pedro Ramírez Ramos, acudió al sitio donde los inconformes tienen cerrada la vía que conduce al acceso a la planta procesadora de pescado AcuaGranjas Springs, donde se logró el libre tráfico a los volteos para sacar el pescado que se exporta a otros países.
Además se logró que la citada empresa pesquera y los transportistas aceptaran cumplir con mejoramiento del camino de la comunidad y apoyos para las escuelas e iglesias de Amacoíte.
Cuando los negociadores, líderes de los bloqueadores, escucharon que no podrían recibir los 390 mil pesos mensuales que pedían, Rafael Cruz Vázquez y Santiago Morales González, y su comitiva, se levantaron de la mesa de negociaciones dejando ver que no les interesa el beneficio de Amacoíte, sino las ganancias que de estos cobros.
De tal manera que los transportistas afectados decidieron presentar las demandas penales correspondientes, pidiendo al procurador que todo el peso de la ley caiga contra esas personas que afectan los trabajos de exportación de pescado a otros países.
