El presunto cese de cuatro elementos de la Policía Municipal de Huixtla por instrucciones del alcalde Carlos Eduardo Salazar Gam, luego de que estos habrían sido sorprendidos por un alto funcionario del Ayuntamiento en estado de ebriedad, cantando y gritando en la vía pública en horas laborales y a bordo de una unidad oficial, sólo quedó en una orden incumplida, toda vez que intereses familiares del titular de la SSPM dieron marcha atrás y únicamente procedió un “castigo”.
Ciudadanos han denunciado abuso de autoridad y corrupción de la policía a cargo José Alberto de la Higuera Quiyono, ex fiscal del Ministerio Público de la FGE en Huixtla, lugar del que fue removido por denuncias de irregularidades y enviado a Tuzantán, aunque hoy como secretario tiene una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por encarcelar a una integrante del magisterio chiapaneco.
La agraviada que había protagonizado un percance automovilístico fue víctima del intento de fincarle una serie de delitos por parte de este funcionario coludido con el MP, para impedir que las partes acordaran la reparación del daño y evitar llegar a la integración de una carpeta de investigación y con ello que la SSPM y el MP trataran de cobrarles supuestos favores a cambio de dinero, lo que implicó la privación ilegal de la libertad y la intervención de la CEDH.
Ante las denuncias e irregularidades en Huixtla permean las buenas intenciones del alcalde Salazar Gam, quien pretende dotar a los elementos de cámaras de videograbación de solapa, como parte de la seguridad y transparencia en su proyecto, hecho que contrasta con los intereses de Higuera Quiyono y su accionar, pues en aparente arranque de furia cesó de sus funciones a uno de sus comandantes de grupo de nombre José Domingo “N”, pero que después se arrepintió y lo consintió nuevamente en sus filas.
Complicidad
En Huixtla se está convirtiendo en una práctica común que las patrullas municipales monten vigilancia en zonas cercanas a las muchas cantinas y bares, no para dar seguridad a la población sino para cazar a los parroquianos que salen de estas y aplicarles sanciones que incluyen faltas administrativas como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, orinarse en la calle, portar objetos peligrosos.
Una vez que detectan a la que será su víctima proceden a detenerla y amenazarla con ponerla a disposición del Ministerio Publico, para lo cual agregan supuestos delitos penales como el de desobediencia y resistencia a particulares, agresiones y daños, que sólo existen en la mente de quienes buscan beneficios económicos para obligarlos a pagar una cuota de hasta 15 mil pesos por no proceder.
Tras interceptar a sus víctimas, de inmediato aparece en escena el MP de nombre Maciel, quien amenaza con proceder para aplicar la ley, como ocurrió el pasado 29 de noviembre con una persona que había ido a un bar a tomarse sus cervezas. Le pidieron 15 mil pesos por no consignarlo, sin embargo, como no tuvo la capacidad económica de ceder a su petición, junto con un vehículo Tsuru lo pusieron a disposición del MP. Otro caso el de José Federico “N”, a quien pidieron 15 mil pesos por dejarlo libre, bajaron la cuota a 10 mil y finalmente por época navideña y sin boleta tuvo que pagar tres mil pesos para que no lo dejaran encerrado y sin su camioneta Jeep Cherokee.
