El presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), Jorge Omar Vázquez Martínez, hizo un llamado a las instancias correspondientes para que verifiquen las empresas que prestan el servicio público de grúas, ya que algunas operan sin permisos y exigiendo cobros excesivos a la población cuando remolcan una unidad, quedando esto en total impunidad.
Narró que recientemente una empresa de grúas trasladó un vehículo perteneciente a la organización a un corralón; posteriormente, acudieron a solicitar el presupuesto el mismo día de los hechos, pidiéndoles un monto de cuatro mil 900 pesos por sacar la unidad.
Decidieron acudir a otra empresa concesionada para prestar el servicio público de grúa para pedir un tabulador de precios unitario, que está publicado en el Diario Oficial número 086, con fecha 19 de febrero de 2020, es decir, con vigencia.
“En este se pueden observar los montos que deben cobrar las empresas, pero la empresa en cuestión presenta cobros muy altos y exagerados, por rubros que no deberían”, manifestó el transportista.
Al día siguiente acudieron nuevamente a la empresa que había remolcado la unidad y pidió un pago de cuatro mil 500 pesos, por los dos días en el corralón más otros servicios, lo cual consideran un abuso.
Se dieron a la tarea de investigar a la empresa, encontrando que no tienen permiso para prestar el servicio público, por lo que piden a las autoridades correspondientes, como lo es la Secretaría de Movilidad y Transporte, encargada de la regulación de estas empresas, que intervenga.
Solicitan también al Ayuntamiento que clausure las oficinas de la empresa señalada, porque sólo lesionan los intereses de los transportistas y de la ciudadanía. Están afectando la ya de por sí desgastada economía derivada de la pandemia.
Mencionó que de acuerdo al tabulador, el monto a pagar debería ser de mil 500 pesos promedio, pero la empresa exigió más de cuatro mil pesos, “una total exageración”.
Lo único que piden a las autoridades es realizar una verificación a todas las empresas de grúas, y aquellas que operen sin permisos sean cerradas y sancionadas.
Anteriormente habían presentado situaciones parecidas, pero no a ese nivel, habían cobros superiores por 200 o 300 pesos más, lo cual es hasta cierto punto accesible de pagar, “pero exigir más del 300 por ciento es un robo, sobre todo si no se cuenta con los permisos para operar”.
Convocó a los transportistas y ciudadanos que hayan sido víctimas de este tipo de empresas de grúas, que denuncien ante las autoridades y de manera pública, a fin de que actúen y realicen una regulación inmediata.
