El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que “integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército Mexicano, realizaron actos de espionaje” durante el encuentro de defensoras del territorio denominado Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, efectuado el pasado 23 de marzo, en la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomuselo.
“Frayba documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (Codimuj), de la parroquia de San Pedro y San Pablo”, agregó en un comunicado.
Dijo que “lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo”.
Manifestó que de acuerdo con una denuncia pública realizada por el Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, con sede en Chicomuselo, “Victorino Morales Morales resultó ser soldado de infantería perteneciente al 101 Batallón destacamento en Chicomuselo, acreditado con la tarjeta de identidad militar número 101BI/024, expedida por el Coronel de Infantería Juan Reyes Gregorio, comandante de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Expresó que “algunos participantes a este evento identificaron a Alejandro Yera Reyes como uno de los militares que llegaron en búsqueda del sacerdote (Eleazar Juárez Flores) a la casa parroquial, el 5 de noviembre de 2018, y de igual manera refieren que esta misma persona se presenta algunos domingos en las misas de diez de la mañana que se lleva a cabo en el templo de San Pedro y San Pablo de la cabecera parroquial“.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López señaló que “desde el 30 de enero de 2019, las Brigadas Civiles de Observación mantienen presencia en Chicomuselo con el objetivo de monitorear violaciones de derechos humanos ante el aumento de la militarización de la región”.
En este lapso, abundó, “el Frayba ha registrado distintos actos de intimidación y hostigamiento en contra de defensoras y defensores de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, quienes se organizan en defensa de la madre tierra ante la reactivación de proyectos mineros en la región”.
