Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 11 de Pichucalco denuncian diversas anomalías de directivos y solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que consideran que tanto ellos como sus familiares están siendo violentados desde la dirección del penal.
La directora del lugar, Erika Díaz Valero, que recientemente fue colocada en ese puesto por el subsecretario de Sanción y Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zeín Gerónimo Gil, según los internos, lo está dejando “mal parado” con sus malas acciones contra los internos y sus familiares.
Quejas
Las quejas señalan a Erika Díaz Valero y a su contador Daniel Ramírez como personas que tienen un negocio redondo en el interior del penal al ser la dueña de la tienda de conveniencia, misma que utiliza para beneficio propio a costa de los reos y en detrimento de sus familiares.
Las personas que vienen de diferentes partes del país a visitar a sus internos sufren, pues traen mercancía suficiente para sus familiares internos y solo les dejan pasar un artículo de cada producto, obligando a los internos a comprar en la tienda del lugar.
Refieren que algunos artículos lo consiguen aprecios muy altos, además que parte de la comida destinada a los reclusos la procesan y lo venden en la tienda.
Más anomalías
Otra anomalías que se presentan es que los obligan a estar uniformados con ropa que los internos tienen que comprar; además, cuando va a llegar alguna visitaduría, como Derechos Humanos, los obligan a pedir dinero a sus familiares para adquirir pintura y pintar el penal, así como hacer limpieza total para dar la buena apariencia de que todo está bien y así poder engañar a los visitadores, cuando la realidad es otra.
Nadie puede alzar la voz o quejarse con los visitadores de DD. HH. ante la pena de ser castigados remitiéndolos a otros penales para hacer más difícil la visita de sus familiares.
