A propósito del Día Internacional de las Personas Migrantes, fueron evidenciadas nuevas prácticas del Instituto Nacional de Migración (INM) que van en contra de las propias leyes y acuerdos internacionales, denunció el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Alzamos la voz ante las arbitrariedades del INM, su incongruencia y la reiterada violación de la Ley de Migración sin que haya consecuencias, en un país donde el gobierno ha insistido que: al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, precisó la organización.
El Imumi acompaña casos de familias con necesidad de protección internacional que han eliminado la opción de quedarse en México debido a las diferentes violencias que enfrentan durante su estancia en el país.
“A cada paso hemos visto cómo el INM genera nuevas modalidades de extorsión, desinformación, obstaculización, detención y control, bajo un discurso de protección de derechos”.
En tierra de nadie
La documentación del Instituto para las Mujeres en la Migración muestra estas acciones por parte del INM desde hace 10 años, “pero con más fuerza en el 2019”, cuando comenzaron a signarse los acuerdos entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.
A mediados de ese mismo año, después del pacto, miles de elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala. Los militares aún portando uniformes de la Sedena —con logotipos sobrepuestos de la GN—, anunciaron la militarización de Chiapas, principal receptor en México de la migración a nivel internacional.
En las vías de comunicación de Ciudad Hidalgo, Suchiate y Tapachula, los retenes fueron reforzados; las detenciones fueron masivas, así como las deportaciones vía aérea y terrestre.
