Organizaciones defensoras de los derechos humanos y el territorio se unieron al llamado de justicia en el caso de Manuel Sántiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, que se encuentran en el CERSS núm. 5 en San Cristóbal de Las Casas, acusados de un asesinato “que no cometieron”.
Ya pasó un año tres meses desde la detención y el encarcelamiento de estos cinco hombres originarios de San Juan Cancuc, y a la fecha, a pesar de las señaladas anomalías en el proceso, fueron condenados a 25 años de prisión.
“Como Pueblo Creyente, Derechos Humanos y Modevite (Movimiento en defensa de la Vida y el Territorio) nos unimos a las familias de los compañeros, para denunciar a la Fiscalía Indígena y la jueza de Primera Instancia, María Guadalupe Flores Rocha, por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación”.
A propósito de la audiencia celebrada ayer martes, las organizaciones señalaron que no se tomaron en cuenta las pruebas. Ejemplificaron con la necropsia realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de toxicología.
Así también, mencionaron las contradicciones de los testigos, alteración del acta de defunción, que fue corregida a mano y con corrector. Por igual precisaron que la Fiscalía no investigó la patrulla en la que murió Antonio Aguilar, tampoco realizaron investigaciones en el lugar de los hechos.
“La policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5:00 a. m. y hasta las 10:00 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto. Esta muerte es responsabilidad de la Policía Municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con Urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.
