“Las autoridades correspondientes no están facilitando información clara y veraz sobre los procesos que llevarán las personas, pues están entregando documentos de manera discrecional y muchos de estos bajo procesos de corrupción”, subrayó el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhsem), quienes tras labores de monitoreo documentaron violaciones a los derechos humanos de personas en contexto de movilidad.
El colectivo -integrado por más de una decena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales- expresó a través de un comunicado que han identificado la presencia de cientos de personas en la oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) en Tapachula, a la espera de información y atención por parte de las autoridades.
Esta espera se ha dado por más de cinco días en condiciones climáticas extremas, sin seguridad alimentaria y sin acceso al agua ni baños, además de que un porcentaje significativo de las familias tiene presencia de niñas y niños, “los cuales en su mayor parte presentan problemas de salud”.
Denuncia
Asimismo, externaron su preocupación por la amenaza latente del uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encuentran en las inmediaciones de las oficinas.
Por otro lado, externaron que las citas para acceder al procedimiento de la condición de refugiados se está proporcionando hasta el mes de septiembre de 2023, “un lapso considerable de tiempo que pone en riesgo su bienestar e integridad”.
Dentro de las exigencias de los grupos de derechos humanos resalta el dirigido a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Comar, de generar vías de acceso al procedimiento de asilo y de regulación migratoria para que no aumente el riesgo de los migrantes, así como eliminar los elementos de corrupción.
También piden el acceso a la información clara y veraz de los trámites para la regulación, y respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigieron iniciar una queja y medidas que correspondan para la reparación del daño de las personas migrantes.
