Corrupción y tráfico de influencias denuncian en Huixtla, en la que se encuentran implicados tanto el edil Regulo y su hermano Margarito Palomeque Sánchez, el asesor jurídico del Ayuntamiento y una empleada de la oficina de primera instancia del Juzgado del Ramo Civil de Huixtla, Nancy Marisol Ruiz Navarro, la que fuga información que beneficia a los funcionarios en juicios mercantiles de arrendamiento en los que se encuentran implicados.
Uno de estos casos es el de Hilda de Medina, quien dio a conocer que el tráfico de información, influencia y corrupción del Juzgado del Ramo Civil le ha afectado, pues Margarito Palomeque, hermano del edil, ha promovido un juicio para no liquidar 10 hectáreas que ya tiene en su poder. Esto a pesas de que existen sentencias que le favorecen a la señora Medina, que no ha podido superar las componendas que se han dado entre la empleada del Juzgado Civil, su esposo como asesor jurídico del Ayuntamiento y empleado de la familia Palomeque Sánchez.
Los jueces podrían desconocer esta situación que existe, pero que ante los hechos que han ocurrido se ha señalado en distintos medios que la justicia esta puesta al mejor postor y a quien cuente con influencias, para corromper y obtener información que sale del referido juzgado.
En este sentido, abogados han señalado reiterativamente que se han visto obstaculizados en sus labores ante las componendas que existen y la fuga de información en distintos casos pero en particular hacia el Ayuntamiento, directamente implicados en algunos casos, ya que el esposo de la empleada es asesor jurídico del Ayuntamiento que trabaja directamente bajo órdenes del alcalde, que se han beneficiado al conocer con anticipación laudos y sentencias, por lo que solicitan la intervención de la autoridad competente.
Como funcionarios el edil Regulo y su hermano Margarito Palomeque han conformado un equipo con su asesor jurídico, Cristian Gordillo, quien además de ser funcionario también es litigante con ventaja ante la información que obtienen del juzgado, como en el caso de la denunciante a quien se le niega el pago de 10 hectáreas.