Lorena Jiménez Moreno, trabajadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) con 15 años de servicio, denunció en una conferencia de prensa un despido injustificado, acoso laboral y violación sistemática de sus derechos de parte de autoridades de la institución.
Jiménez, quien ocupaba el puesto de oficina en el Departamento de Formación y Seguimiento Académico, solicitó una licencia sin goce de sueldo del 15 de septiembre de 2024 al 31 de enero de 2025, amparada en la Cláusula 58 del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores del Cobach.
El 8 de enero de 2025, cumpliendo con el plazo de 8 días estipulado, solicitó su reincorporación. Sin embargo, al presentarse el 4 de febrero, descubrió que no estaba en nómina ni podía acceder a su checador electrónico, pese a seguir contratada.
“Pedí explicaciones a Recursos Humanos y al área jurídica, pero solo recibí evasivas”, relató Jiménez.
En respuesta, presentó oficios para regularizar su situación, pero las autoridades le informaron que había un “detallito” en su expediente. Días después, el 13 de marzo, le notificaron de su despido bajo el argumento de “falta de honradez”, acusándola de laborar simultáneamente en otra institución educativa entre el 1 y el 15 de septiembre de 2024.
Defensa y contradicciones
La trabajadora refutó las acusaciones con documentos que demuestran que su horario en Cobach (8:00 a 15:00 horas) no coincidía con su segundo empleo (15:30 a 22:30 horas). Además, señaló inconsistencias en el proceso.
“Armaron un expediente para justificar mi salida. Incluso difamaron mis documentos y los de la otra institución, llamándolos falsos”, denunció.
El subdirector jurídico, José del Carmen, quien la interrogó, enfrenta un conflicto de intereses al representar legalmente a un sindicato Cobach, según su currículum.
“¿Cómo me acusan de tener dos empleos si él representa a un sindicato y trabaja aquí? Hay doble moral”, afirmó.
Jiménez aseguró que el hostigamiento afectó su salud; “estoy en tratamiento psicológico por el estrés. Además, no he recibido mi salario de febrero ni el aguinaldo”, dijo.
La trabajadora exigió la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. Contó con el respaldo de su sindicato base, liderado por Eddras de León Pinto, y reveló que “son varios los compañeros afectados, pero temen denunciar por represalias”.