Habitantes del ejido Jotolá, municipio de Chilón, con el apoyo de agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, “agredieron” y provocaron el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
El organismo señaló que, además, fueron detenidos Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez, quien “fue torturada durante el traslado por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida”.
En un comunicado, el Frayba afirmó que el desplazamiento forzado interno de ocho familias dejó cinco viviendas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Hechos
Explicó que los hechos ocurrieron el 12 de febrero: “A las 8 de la mañana fue detenido Moreno Hernández por la Policía Municipal de Chilón”, indicó. Entre las personas desplazadas se encuentran 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores con discapacidad.
Añadió que “a las 11 de la mañana, aproximadamente, cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas las ocho familias que fueron desplazadas”. Entre los agresores, aseguró, se identificó la participación de policías y funcionarios del INPI y del Tribunal Unitario Agrario.
Violencia continúa
El organismo sostuvo que “la violencia no terminó con el desplazamiento, sino que se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI”. Ese mismo día, Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición del Juzgado de Control de Yajalón, donde se les acusó del delito de despojo agravado.
Señaló que el 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el juez los vinculó a proceso. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, “pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva”, por lo que actualmente se encuentra privado de su libertad en el penal ubicado en Yajalón. En tanto, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Repreción
“Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales constituye una grave violación a los derechos humanos”, expresó el Frayba.
El centro de derechos humanos manifestó que las consecuencias del ataque afectan derechos fundamentales como la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluida la salud sexual y reproductiva de las mujeres—, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección.
Exhorto
El Frayba exigió al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. Consideró urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
