Denuncian discriminación por parte de gobierno

Mencionan que en dos ocasiones fueron retirados con actuación intimidante. Jofiel Domínguez / CP
Mencionan que en dos ocasiones fueron retirados con actuación intimidante. Jofiel Domínguez / CP

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestó su preocupación por el hostigamiento e intimidación hacia tres vendedores tsotsiles, por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal, a través de la dirección de Servicios Públicos.

El Frayba también rechazó el uso selectivo del espacio urbano en las zonas peatonales y plazuelas del Centro Histórico, “el cual, refleja divisiones de clase y formas de discriminación estructural”.

Caso

En un comunicado, relataron el caso de Rogelio López Entzin, Angela Entzin Gómez y Rosa López Entzin, mayas tsotsiles, quienes migraron a San Cristóbal en busca de mejores condiciones de vida, eligiendo la venta de elotes como medio de sustento para sus familias.

Señalan que, como parte de esta actividad, han realizado constantes contribuciones anuales a la Tesorería Municipal de la ciudad, contando con las constancias de pago.

Las víctimas pertenecieron a una organización de comerciantes llamada Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas (Socotcach), que actualmente ya no existe debido al fallecimiento, en el año 2008, de su representante.

Indican que a partir de entonces, los vendedores “han tenido que enfrentar por sí mismos la gestión de su actividad comercial y la permanencia en los espacios que les fueron asignados para la venta de sus productos”.

Presente

“Con la actual administración de la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, y del director de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza, ejercer el derecho de audiencia ha resultado sumamente desgastante”, indica el Frayba.

Al respecto, mencionan que en dos ocasiones, el 13 de febrero de 2026 y el 13 de agosto de 2026, fueron retirados con actuación intimidante, violando su integridad personal y despojándolos de sus herramientas de trabajo.

El Frayba reitera que con estos actos el ayuntamiento “dejó de ver a la población trabajadora originaria que vive de su trabajo diario y ha contribuido históricamente al erario municipal, mediante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incurriendo con ello en un acto de discriminación”.