Un grupo de ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) denunció una serie de irregularidades para despojarlos de un predio de 37 hectáreas en los que se ha visto involucrado un empresario chiapaneco.
Recordaron que en 1983, un grupo de 328 trabajadores de la universidad adquirieron, a través del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Unach (Staunach), siendo el secretario general en ese momento Ricardo Flores Culebro, un predio de más de 37 hectáreas.
El fin principal de esta adquisición fue la de construir viviendas para los trabajadores administrativos y académicos de la universidad.
Por esta razón, se integró en 1997 la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Universitario A. C., y desde entonces ha habido una serie de personas interesadas en aprovecharse y posesionarse del terreno.
De acuerdo con los denunciantes, fue en 2008 aproximadamente cuando Omar Flores, secretario general del Staunach, enajenó indebidamente el predio con una constructora por la cantidad de 25 millones de pesos, a través de un notario de Córdova, Veracruz.
“Habiéndonos enterado del ilícito, en 2010, aproximadamente, los legítimos propietarios iniciamos una demanda para recuperar el predio, lo cual se consiguió años después habiendo perdido 7 hectáreas por los 25 millones que se llevaron Omar Flores y sus secuaces”, explicaron.
Derivado de esta situación, y habiendo nombrado un nuevo comité directivo de la asociación, integrado por María Eugenia Villatoro Parada, Eradio Zavala de los Santos, José Cutberto Parada Cortés, Ricardo Camacho Ruiz y José Ramiro Culebro Sosa, se decidió vender el predio en una asamblea.
“Con el objetivo de que los socios recuperaran su inversión, el nuevo comité llevó a cabo negociaciones con el empresario Rodolfo Granda Sánchez, propietario de ICE Promotora Habitacional, derivando en la creación de un fideicomiso a través de Actinver Banco”, puntualizó.
En este fideicomiso se estipuló un calendario de pagos “del cual el empresario solo hizo dos y de ahí hasta la fecha no hemos recibido ningún pago más. Desde el segundo pago el comité directivo de nuestra asociación no volvió a convocar a ninguna asamblea, por lo que recurrimos al Registro Público de la Propiedad para recabar información de lo acordado por nuestro comité directivo, habiendo encontrado una serie de acuerdos celebrados entre el comité y Rodolfo Granda Sánchez sin conocimiento de la asamblea”.
Los afectados señalan que estos documentos tenían firmas procedentes del pase de lista, para aparentar que era acuerdo de asamblea.
De nueva cuenta, en el 2020 “entablamos una demanda legal solicitando al comité directivo de la asociación rinda cuentas del fideicomiso y es la fecha en que los jueces Alberto Cal y Mayor Gutiérrez y Roberto Antonio Alfaro Alfaro se han valido de mil artimañas para no dictar sentencia a nuestro favor”.
Este entablaron una nueva demanda, “hasta hoy seguimos esperando justicia. Puntualizamos que amistades nuestras del interior de los juzgados nos han manifestado que la actuación de los jueces se debe a órdenes superiores”.