"Carlos Herrera * CP. Habitantes, especialistas y ecologistas advirtieron de los danos irreversibles que está causando la extracción de materiales pétreos en San Cristóbal, sin embargo, ninguna autoridad detiene este ecocidio que en pocos anos traerá graves consecuencias.
Aun cuando al inicio de su administración, el gobernador Pablo Salazar se comprometió aplicar la ley, a casi cinco anos la situación es más deprimente.
En diciembre del ano 2002 el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) efectuó un estudio, donde senala que son casi 72 hectáreas que se usan para explotar, de las cuales los pobladores senalan que sólo queda el 30 por ciento.
Los ecologistas alertan que entre cinco a 10 anos, la falta de regulación de esta actividad convertirá a las 72 hectáreas en un pequeno desierto, causará la muerte de la fauna y flora, y pondrá en grave peligro a los manantiales que abastecen de agua a la ciudad, como es La Almolonga.
En este estudio se afirma que los danos ""irreversibles"" son: destrucción de los ecosistemas de la zona; impacto visual; afectación de los mantos acuíferos; problemas a la salud; existencia de zonas de riesgo.
De hecho, el ecocidio ya se empieza a notar. En uno de los bancos abandonados hubo un afloramiento acuífero, pero lo triste es que fue rellenado de basura.
Según dicho estudio, los bancos de arena están en las colonias Comaleras, Salsipuedes, El Cascajal, Cerro Santa Cruz, La Conejera, Las Peras, El Aguaje, Col. 10 de Abril y La Garita, en el oriente de la ciudad, donde detectaron que sólo 10 de los 38 propietarios estaban autorizados.
El informe detalla que localizaron a 379 personas trabajando, aunque los ecologistas aseguran que el mayor ingreso es para los propietarios y también para las autoridades gubernamentales que autorizaron el cambio de uso del suelo sin exigir los estudios de impacto ambiental.
Al hacer un recorrido por el área afectada se puede observar a decenas de camiones que salen con toneladas de material pétreo todos los días. Los vecinos confirman que en ocasiones se utilizan explosivos, cuyo uso tampoco es regulado, menos vigilado por el Ejército Mexicano.
Debido a que existen cortes de los cerros de 90 grados, los vecinos de esta zona sienten temor porque en cualquier momento pueden ocurrir deslaves y la destrucción de sus hogares. En este punto, el IHNE propone el desalojo de estas personas, pero tampoco ha ocurrido.
En el informe citan que ""la extracción de materiales pétreos se inicia en 1988 en forma deliberada; es hasta 1998 que se empieza a querer regularizar la actividad"". Sin embargo, desde ese tiempo las autoridades federales, estatales y municipales, se han vuelto cómplices de la devastación.
Los pobladores mencionan que lo más urgente sería la aplicación de las normas ecológicas, pero lamentablemente ninguno de los 38 propietarios que fueron detectados por el IHNE en el 2002, ha cumplido con estas reglas, y hasta ahora no existe ninguna sanción por este delito.
En el recorrido al área afectada se puede comprobar que ninguna de las propuestas del IHNE fue aplicada; por ejemplo, se plantea que el banco de arena debe contar con un letrero con las características de uso, y al concluir su vida útil el propietario deberá implementar un plan de reforestación, remodelación de terrenos y taludes, pero nada se ha hecho: sigue el desorden y la impunidad.
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