La organización ambientalista Agua y Vida informó que junto a defensoras del medio ambiente en San Cristóbal de Las Casas, realizaron un curso en el que concluyeron que existe la presencia del crimen organizado que intensifica las problemáticas ambientales que persisten en el municipio.
El taller “Fortalecimiento de la Participación Política de las Defensoras Ambientales en la Cuenca del Valle Jovel” se realizó en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Capacidades (Cedeca), con el objetivo de examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas en sus territorios.
En la reunión que congregó a 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, analizaron la problemática que causan los proyectos extractivistas, tales como: las minas de grava y arena que destruyen los cerros y los humedales, la tala de árboles, la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales, la contaminación generada por el exceso de basura, el avance de las empresas refresqueras y cerveceras.
Debatieron sobre las invasiones de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.
“Los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres, niñas y niños que compartimos estos territorios, además generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de quienes nos obligan a sostener este sistema. Todos estos proyectos se promocionan como desarrollo económico bajo la complicidad de los tres niveles de gobierno, generando, a contra viento, más pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres”, denunciaron.
El taller hizo conciencia de que hace cinco años se intensificó la violencia machista y los feminicidios pese a la implementación de la Alerta de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas.
“Las mujeres que estamos luchando por salvaguardar los territorios somos criticadas, discriminadas y criminalizadas en nuestro ejercicio político de participación ciudadana, no sólo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas”, señalaron.
El taller concluyó con la exigencia al Estado, en sus tres niveles de gobierno, para que garantice los derechos fundamentales de las mujeres: alimentación, salud, agua, educación, vivienda, a la consulta previa, libre e informada, a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al trabajo digno, entre otros.
