Ante el hacinamiento que registran las diferentes garitas en Chiapas, en donde permanecen detenidos cientos de extranjeros, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, pidieron al Instituto Nacional de Migración (Inami), suspenda la detención prolongada e indefinida de migrantes, principalmente africanos.
Y es que señalan que en el Centro de Detención Migratoria de Huixtla ubicado en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, con una capacidad para 30 personas, existen 66, entre ellos dos niños y una niña, de los cuales 39 son originarias de Camerún y el resto de Centroamérica.
“El centro está en completo hacinamiento y la alimentación, acceso al agua potable y atención en salud son deplorables, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, lo que pone en grave riesgo a las personas de contraer infecciones”, mencionan las organizaciones nacionales e internacionales.
Es más, indicaron que han detectado complicaciones en la salud física de algunas personas, particularmente menores de edad con ataques de asma, desnutrición y trastornos digestivos, ello aparte a la afectación a la salud mental por la detención prolongada y el hacinamiento a que están sometidos.
Situaciones similares se encontraron en la Estancia Provisional Cupapé 2 “La Mosca” en Tuxtla Gutiérrez, que advierten “se ha convertido en un foco rojo en materia de violaciones a derechos humanos”.
Sostienen que en los últimos meses este centro de detención ha llegado a sobrepasar en varias ocasiones las cifras de detención de la Estación Siglo XXI, a pesar de tener deficiencias de infraestructura, de agua potable, poca ventilación y no existe separación entre hombres, mujeres, familias, niñas y niños.
Denuncian que en las últimas semanas se ha notado un aumento en la detención de menores no acompañados tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Comitán.
Mostraron su preocupación por “la detención indefinida de personas que son “rescatadas” por fuerzas policiales y que luego deben permanecer detenidas hasta que la fiscalía determine los casos, sin ninguna garantía de acceder al reconocimiento de víctimas e información sobre los procesos judiciales y administrativos migratorios”.
Ante ello, insistieron en que el Inami suspenda la detención prolongada de los extranjeros; se respete el derecho de asilo y se atiendan las necesidades de atención en salud.
Asimismo, puntualizan que “en tanto el Inami mantenga sus prácticas de control migratoria, debe respetar escrupulosamente los estándares de trato a personas privadas de su libertad, eliminando por completo las prácticas de mantener a personas hacinadas, sin alimentación, agua ni atención en salud adecuadas, y sin contemplar un debido proceso”.
