El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “la impunidad con la que actúan grupos civiles armados en los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó”.
Agregó que “grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades con la permisividad y protección de autoridades”, y “viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes”.
Señaló que el territorio de Chenalhó, al que pertenece la comunidad de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 indígenas, “ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas”.
Ataque
Luego de recordar que el lunes fueron asesinados a balazos en Aldama, Manuel Gómez Pérez, de 35 años de edad, y sus hijos Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años, respectivamente, además de Sebastián Velasco López, de Chenalhó, afirmó que “es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está provocando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo contar con información de que “el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018, con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotzilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal”.
