Organizaciones de derechos humanos en Chiapas exigieron a autoridades estatales y federales una urgente atención a la vulnerabilidad que atraviesan cinco familias, a un año de efectuado el ataque armado así como el desplazamiento forzado interno de 34 familias, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes de la comunidad Nueva Palestina.
En una carta firmada por Equipo Jurídico Solidario, Melel Xojobal A. C., Pastoral Social, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, destacan lo siguiente:
“Nos pronunciamos en contra del abandono y omisión por las autoridades correspondientes, aunado a la falta de investigación y acción jurídica en favor de las víctimas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien además se ha dirigido a fabricar delitos hacia ellos y ellas”.
Explican que el desplazamiento y las violaciones tienen su origen cuando autoridades comunitarias y grupos de poder detuvieron a Versaín Velasco García con uso excesivo de la fuerza y atacaron a su esposa e hijos, incluyendo una pequeña de nueve meses; así como las detenciones, tortura y encarcelamiento de forma arbitraria e ilegal.
“Mostramos nuestra preocupación por la salud e integridad de Versaín Velasco García, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en el CERSS 16 de Ocosingo; que ante el silencio de las autoridades, el día 14 de diciembre de 2022 inició una huelga de hambre para exigir su libertad”.
Así como la captura, tortura y desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz y un caso de tortura sexual contra la señora Isaura Velasco García, que le provocó la pérdida del producto de un embarazo de seis semanas en medio de una ausencia de auxilio médico, aunado al despojo de 70 hectáreas de tierra, propiedad de la señora Alejandra García Pérez.
Llamado
Las organizaciones exigieron la libertad inmediata de Versaín; la búsqueda, localización y presentación con vida de Fredy Gómez Sántiz; una atención urgente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno; y una “extenuante investigación de los casos de tortura a menores de edad y a las señoras Isaura, Antonia y Priscila”.
También solicitaron la presencia de organizaciones locales, nacionales e internaciones de derechos humanos.
“Solicitamos la presencia de escudos humanitarios y observadores internacionales y nacionales como Swefor y Sipaz, para garantizar que este proceso sea pacífico y en el marco internacional de los derechos humanos”.
