Avanza la batalla jurídica contra la normalización del desplazamiento forzado interno (DFI) en México, que encabeza la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, pero con ciertos impedimentos.
Informan que se presentaron los resultados del peritaje antropológico y sociológico independiente, los cuales denunciaron intimidación y presión a miembros de la organización para desistir sobre el proceso de juicio de amparo.
Patrocinio Hernández, vocero de Las Abejas, relató a las afueras del edificio sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas, que en días recientes Juan Jiménez Rodríguez y Pedro Hernández Gutiérrez, miembros de Las Abejas, fueron presionados para firmar un documento por parte de un delegado de Gobierno de Chenalhó, a fin de desistir acusaciones contra personal médico y renunciar al proceso de juicio de amparo.
Solicitó al juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas “tomar en consideración los hostigamientos contra los integrantes de la organización”, y a las autoridades señaladas pidió dejar de presionar y hostigar a las comunidades para que desistan del amparo.
A mitad del camino
“Vamos a la mitad del proceso”, dijo el abogado Sandino Rivero, quien detalló que las autoridades continúan rindiendo sus informes justificados, es decir, una contestación a la demanda de amparo; sin embargo, “faltan siete autoridades entre federales y estatales de las 16 que ya rindieron su informe”.
Una vez que las autoridades faltantes rindan los informes vendrá el trabajo de un perito oficial para concluir en una sentencia. De salir favorable la resolución, podrá crearse jurisprudencia ante los hechos de desplazamiento forzado interno del país, tratándose de un hito en la lucha de los derechos humanos.
Presentan peritaje
Las peritos independientes se dieron cita en los juzgados para ratificar un dictamen pericial: “(…) pruebas muy importantes que demuestran los daños que han sufrido las comunidades y que todavía siguen pareciendo”.
Parte de los resultados de los trabajos socioantropológicos, dijo la perita Érika Liliana López López, fue que si bien “este desplazamiento fue derivado y ocurrió en el marco del conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no se deriva de conflictos intercomunitarios como ha sido la versión oficial, ni de la presencia del EZLN”, expuso.
Y acotó que se trató de “una política de guerra de baja intensidad que el Estado mexicano desarrolló para contrarrestar la presencia, popularidad y avance del EZLN en los años 90 (…); lo que pudimos observar, es que hubo presencia, y de manera mutada, todavía hay actores paramilitares impulsores y los perpetradores del desplazamiento forzado interno de estas comunidades”.
“Vamos a la mitad del proceso (…), faltan siete autoridades entre federales y estatales de las 16 que ya rindieron su informe”.
Sandino Rivero
Abogado
