El Centro Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal Uno y Dos) ha sido señalado por llevar a cabo funciones diferentes de aquellas para las que inicialmente fue diseñado, vulnerando la estancia de las personas en situación de movilidad que se encuentran en este espacio.
El albergue a cargo de su director, Martín de Jesús Salas Marina, habría comenzado a realizar prácticas ajenas, bajo la aprobación de la coordinadora operativa de Centros Asistenciales Margarita Trujillo Castillo, como el ingreso de menores de edad no migrantes para su resguardo bajo propios esquemas de seguridad pública o procuración de justicia.
De acuerdo con la versión de un colaborador, quien pidió anonimato por temor a las represalias, es que en la última semana también se trasladó a un grupo de personas con problemas mentales, lo que supone un riesgo para las y los menores migrantes que se encuentran en dicho albergue.
Según los lineamientos del Programa Nacional de Atención a Migrantes, este centro fue diseñado para brindar atención integral a niñas, niños, adolescentes y mujeres con hijas e hijos en contexto de movilidad humana.
Otra de las acusaciones que enfrenta este lugar es la presunta presencia de aviadores dentro del personal contratado, mismos que estarían vinculados a los directivos del centro asistencial.
Uno de los casos señalados corresponde a Guadalupe Lucía “N”, madre de Bryant Alejandro Moreno Vera, encargado operativo y administrativo del centro asistencial.
De acuerdo con las denuncias, la mujer aparece en la plantilla laboral, aunque presuntamente no acude al centro de trabajo ni a sus funciones para las que fue contratada.
Las acusaciones también apuntan a la existencia de otros familiares de funcionarios incorporados al proyecto, situación que, de comprobarse, podría constituir una falta administrativa e incluso derivar en responsabilidades por el manejo de recursos públicos y nepotismo.
