Abogados denunciaron públicamente este viernes en la capital chiapaneca un caso de despojo de un predio localizado en Berrriozábal, donde uno de los señalados es la exdiputada y empresaria María Eugenia Pérez Fernández.

De acuerdo con Leonardo Melgar, abogado del caso, dio a conocer que fue en el año 2011 cuando Pablo Avilés y María Eugenia Pérez Fernández aparecieron como los supuestos dueños del predio e ingresaron por la fuerza al mismo.

Señaló que su representado tiene todos los documentos que lo acreditan como el legal propietario, por ello existe contubernio por parte de la Dirección de Notarías del Estado, al expedir “empalmar” otra escritura, cuando ya existe una.

Este despojo es de un predio de una hectárea localizada en el crucero del municipio de Berriozábal, con un valor estimado de 15 millones de pesos al estar situado a orilla de la carretera.

Precisó que la conocida empresaria y exdiputada, así como Pablo Avilés, dueño del Hotel “El Encanto”, pudieron haber sido timados a su vez por José Merardo Vázquez Ovando y Mario Rivera Carrión.

“Ellos iniciaron este despojo por un fraude, y las escrituras que tienen los empresarios son ilegales, apócrifas, por haber comprado un predio cuya geolocalización está en otro punto y se metieron al predio de mi cliente”, expuso.

Detalló que los dos empresarios han sido llamados a través de los medios judiciales para aclarar el tema, pero no hacen caso, ni siquiera se acercan.

“Nosotros ya probamos mediante un dictamen pericial, de topografía, que es de mi cliente y en las escrituras que ellos presentan no tienen las dimensiones correctas. La geolocalización y los peritajes arrojan que la propiedad está a favor del señor Mario Antonio”, remarcó.

Por ello, aseguran que existe tráfico de influencias, “a pesar de todas las pruebas que se tienen se han negado a darnos la audiencia inicial en el Juzgado de Delitos Graves; es imposible crear el Estado de derecho, pensamos que movió sus influencias para evitar la ley”.

En el expediente ya no hay prueba más que aportar, “todas las pruebas están, el caso no avanza, no hay aplicación del Estado de derecho, por ello hacemos un llamado a las autoridades para que brinden certeza jurídica en este despojo cometido por personas sin escrúpulos”.