Desde el inicio de la administración municipal de Cacahoatán, el alcalde Julio Calderón Sen fue señalado de otorgar casi la totalidad de las obras que se realizarían a una constructora de la familia del edil.
Con el paso del tiempo, la falta de recursos económicos provocó dilación en los trabajos y se mantienen inconclusos, por lo que regidoras exigieron a través de redes sociales, ante el acoso que sufren en el Cabildo, la obra pública.
Amanda de la Cruz y Rosa Aguirre manifestaron mediante denuncias públicas en redes sociales que las obras están inconclusas, mal priorizadas y asignadas a constructoras irresponsables.
Producto del compadrazgo, tráfico de influencias y hasta el presunto nepotismo que practica y pregona abierta y descaradamente el alcalde de Cacahoatán, Julio Calderón Sen.
Sumado a los trabajos inconclusos, en algunos casos se han convertido en un grave peligro y foco de infección, ya que por las lluvias el agua se estanca y prolifera contaminación.
Al respecto, la regidora Amanda de la Cruz lamentó que prevalezca la mala planeación y el retraso de dicha obra en el barrio Tamarindo.
Los miembros del Cabildo no descartan elevar una denuncia formal ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Chiapas que preside Ana Laura Romero Basurto, para identificar las acciones a destiempo que afectan directamente a cientos de habitantes, al convertir las calles en trampas mortales contra la integridad física de adultos mayores, amas de casa, niñas y niños que deambulan en dichos barrios.
“A tres meses de ser iniciada esta obra de construcción de pavimento mixto, aún está inconclusa, son calles por donde se camina diariamente rumbo a la iglesia y a la ampliación Álvaro Obregón”, detalló De la Cruz.
Vecinos del lugar coincidieron que por las pésimas condiciones de las calles con obras abandonadas, se registran encharcamientos con nidos potenciales de dengue, zika y chinkungunya.
Por su parte, en relación a lo que se señala como negligencia y mal ejercicio público en materia de obras públicas, la regidora Rosa Aguirre asumió el compromiso de investigar a qué empresa constructora fue asignada la obra y los términos de su contrato que debieron pasar por el Cabildo municipal.
Señaló que sería violatorio, irregular, ilegal y hasta un acto tipificado como delito, la asignación directa, cuando hay reglamentos para transparentar los recursos y evitar que gente sin escrúpulos cobre sin dar resultados.
Finalmente, lamentaron que tras la destrucción de la avenida, las mangueras y drenajes quedaron afectados, generando aguas negras, pestilentes y putrefactas que tienden a generar enfermedades gastrointestinales y nidos potenciales de dengue hemorrágico.
