El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denunció el uso de violencia, represión y la continuidad de hostigamientos a migrantes y defensores de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM), esto tras la movilidad de varias personas ante las nulas respuestas de sus procedimientos migratorios.
Luego de los trabajos de monitoreo y la documentación de las acciones, el colectivo detalló que derivado de los operativos de elementos de la GN y el INM, al menos 16 personas resultaron heridas, con necesidad de atención médica, entre ellas dos personas menores de edad y una mujer embarazada.
Destacaron que hubo actos de violencia con el uso de gases lacrimógenos y la detención de al menos 30 personas, tras el operativo realizado por diversos elementos con el equipamiento antimotines que tenían, con motivo de detener al grupo de personas que se desplazaba por la carretera Tapachula-Huixtla.
En contexto, el viernes 1 de abril alrededor de unas 550 a 700 personas buscaron salir de Tapachula después de meses de nula respuesta de parte de autoridades sobre sus procedimientos migratorios, además de las barreras en el acceso a sus derechos básicos y las pocas posibilidades de una vida digna. Las personas en su mayoría son de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras.
Y luego del operativo, el grupo de observadores expresó que aproximadamente 250 personas del grupo, entre ellas 10 niñas y 15 niños, se refugiaron en la iglesia del ejido Álvaro Obregón, donde han recibido atención médica por parte de Protección Civil.
Agregando que en el transcurso de la tarde noche hubo presencia de agentes del INM por los alrededores de la iglesia, los cuales hostigaron a los migrantes refugiados por medio de recorridos que pusieron en alerta a las personas.
Por lo cual solicitaron un alto inmediato a la violencia contra las personas migrantes que se desplazan por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano; así como al INM y a la Comar en dar respuesta en tiempo y forma a los procedimientos migratorios y la no criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos.
