Juan Enrique Vázquez Hilerio, coordinador municipal de Acacoyagua de la Unión Campesina Democrática (UCD), denunció que el pasado 12 de julio fue privado de su libertad por parte de la Policía Estatal Preventiva de Tapachula y de la Policía Federal, inculpándolo de diversos delitos, sin embargo quien está detrás de esta situación sería el presidente municipal de Acacoyagua, Elmer Campos Gutiérrez, emanado del Partido Chiapas Unido y su cabildo, al “no gustarles” el trabajo de la organización social a la cual él pertenece.
Detalló que las autoridades entraron a su domicilio particular para trasladarlo a la ciudad de Tapachula con la justificación de que era cómplice de homicidio y de la delincuencia que azota en el municipio.
“Estando en la oficina de ellos me vendaron y me realizaron una serie de preguntas y me golpearon; a final de cuentas no encontraron nada y no tenían una orden de aprehensión y averiguación en mi contra, por lo que me trasladaron a las oficinas de la FGR; ya estando ahí me pusieron a disposición con una arma”, contó.
Pero en la FGR le comentó al ministerio público que contaba con cámaras en su hogar y que podía probar todo lo contrario que estaban haciendo en su contra; en este momento pensó que lo regresarían a su domicilio, pero en vez de eso lo llevaron al municipio de Huxitla, en donde lo pusieron a disposición por una falta administrativa y el mismo comandante que lo detuvo le pagó la multa.
Es por todo esto que dejó entrever que podría demandar, cuando se tengan los resultados de las revisiones, sin embargo, tiene que hacerlo de manera mediática al temer por su vida, y explicó que los posibles motivos de su persecución es por tintes políticos, ya que en el transcurso de su retención le dijeron: “aléjate de la organización y de todo lo que estás haciendo en el municipio, aprecia a tu familia, aléjate y deja todo, tu pueblo no te lo va agradecer”.
Al respecto, el dirigente de la UCD en Chiapas, Rafael Sánchez Victorio, respaldó a su compañero, por lo que ya solicitó la intervención de la Subsecretaría de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que encabeza Alejandro Encinas para que intervenga en el caso y no se deje impune.
