Representantes de organizaciones civiles y productivas manifestaron su solidaridad y apoyo con los pobladores de Chicomuselo y se unieron a la demanda y exigencia de poner un fin a la violencia que se genera en la región ante la imposición de la minería por parte de empresas extractivas extranjeras.
En una manifestación a las afueras del Congreso del Estado, la vocera Elizabeth Hernández Pereira destacó que la principal exigencia a los tres niveles de gobierno es el cese inmediato de la minería tóxica en el territorio chiapaneco, el cual, sostuvo, ha contaminado el ambiente de toda la región ante los procesos extractivos a cielo abierto.
También hizo un llamado para la desarticulación inmediata de grupos paramilitares y organizaciones del crimen organizado, pues estos “son los principales generadores de la violencia en la región Sierra”.
Y expuso que debe existir una protección a la vida, integridad y garantizar los derechos humanos, económicos, ambientales y salud de los defensores del territorio y sus comunidades, no solo de Chicomuselo, también de Motozintla y Frontera Comalapa.
Esto ante varias agresiones como “el secuestro, tortura e intento de asesinato en contra del defensor de la madre tierra y dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST), Isabel Recinos Trigueros, para amedrentarlo con el objetivo de que la población no se manifestara en contra de sus negocios consistentes en una minería de muerte”.
La vocera denunció que desde mediados del año 2022 comenzó a operar de manera ilegal una mina de barita en el ejido Santa María; “esta mina tiene su antecedente en la concesión minera de la empresa canadiense Black Fire, que intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009 y que detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio, Mariano Abarca”.
En el 2017 dijo que esta empresa hizo cambios en su título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y bajo este membrete opera actualmente en el ejido Santa María.
Expuso que más de 10 mil pobladores del municipio de Chicomuselo, ubicado en la Sierra del estado, se manifestaron pacíficamente este 5 de enero para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería.