El presidente municipal de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, será demando ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las agresiones que sufrieron varios periodistas de la zona el pasado 27 de enero cuando cubrían una protesta de pobladores de Pavencul que exigieron la construcción de obras sociales, puntualizó José Adriano Anaya, defensor de los derechos humanos.
La denuncia ante organismos nacionales e internacionales también se hará por la negativa de proteger, respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión; por detenciones arbitrarias, por abuso de autoridad, por tortura física y falta al debido proceso.
La situación es grave debido a que los elementos de la policía -que agredieron a los trabajadores de los medios de comunicación- actúan después de recibir una indicación de una autoridad superior, es decir, que los servidores públicos pueden ser sancionados por omisión o comisión del agravio.
“En Chiapas está ausente la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos; podemos hacer un recuento de agravios de periodistas, asaltos en su domicilios, robos de sus propiedades, intimidaciones, acosos, detenciones; hay un asesinato de un compañero de Yajalón de quien, todavía, están pendientes las investigaciones”, remarcó.
Los videos de los elementos de la policía en Tapachula que circularon en redes sociales y que confirman las agresiones a periodistas, remarcó, demuestran que la autoridad municipal no ha cumplido con sus obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos, además están en la obligación de sancionar a todos los responsables del delito.
Dentro de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016) a los presidentes municipales, recordó, se encuentran que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos que, por sus labores, tengan contacto con los activistas.
Además, deben priorizar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos y establecer un enlace con capacidad de gestión para la protección de los ciudadanos que quieran desarrollar sus actividades sin ser víctimas de agresión.
