Ednita Montoya, analista de la Alerta de Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno, consideró al desconocimiento inicial de la declaratoria por parte de las dependencias, secretarías y demás instancias gubernamentales, como un obstáculo para entender la naturaleza de dicha acción, sin embargo, con el paso de los años se ha trabajado de manera más coordinada.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género obliga al Estado y los municipios a implementar acciones urgentes para evitar y erradicar la violencia feminicida. En este caso fueron siete municipios específicos: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, más 17 complementarios ubicados en la zona Altos.
Esta medida se implementa cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres, asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad.
Al declarar la alerta, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.
Montoya habló de las cuatro medidas a trabajar: seguridad, prevención, justicia y reparación bajo una línea de cero tolerancia.
“Entonces es ahí donde nos enfrentamos al hecho de que muchas veces no se tenía conocimiento en los municipios, dependencias o secretarias de las medidas a cumplir, y que lo fueron descubriendo sobre la marcha”, dijo.
Por tanto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres mantiene indicadores puntuales sobre la aplicación de medidas en los 23 municipios señalados. No obstante, los diferentes niveles de gobierno no trabajaban en para cumplir dichos objetivos.