La deportación masiva de migrantes de Estados Unidos podría ocasionar que más centroamericanos decidan quedarse en Chiapas, principalmente de niños y adolescentes que ingresan solos desde la Frontera Sur, alertó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
La visitadora General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CEDH, Claudia Ruiz Coutiño, sostuvo que actualmente se han incrementado las cifras de la población infantil que ingresa a México con el objetivo de llegar a la Frontera Norte, sin embargo las medidas que se están llevando a cabo para impedir su ingreso, representa el principal factor que los obligaría a quedarse en nuestro país.
“Es un escenario que puede ocurrir, en donde no alcancen a llegar a Estados Unidos y se queden acá, por eso la importancia de impulsar políticas públicas por parte de los gobiernos de Centroamérica para evitar que estos niños y adolescentes hagan esta travesía para llegar a la Frontera Norte”, indicó.
La funcionaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló que la travesía que hacen los niños y adolescentes migrantes por el país, lleva consigo una serie de amenazas y riesgos para ellos, donde pueden ser víctimas de la delincuencia organizada, así como de los abusos que cometen algunas autoridades, como es el caso de las policías.
“Es un riesgo que existe y al cual están expuestos sobre todo de aquel que proviene de la delincuencia organizada, así como de los abusos que cometen personas adultas incluso a veces por algunas autoridades”, indicó.
Señaló que en la Visitaduría Regional de Tapachula, se han recibido casos de niños que se han quedado en esa zona debido a que ya no alcanzan a transitar por todo el país, los cuales son víctimas de algún tipo de delito de violación a sus derechos, situación por el cual la Comisión Estatal de los Derechos Humanos interviene.
Dijo que algunos de estos infantes son víctimas de abusos que cometen policías municipales, estatales, por ello la CEDH realiza a través de su visitaduría las investigaciones para constatar si a las menores se les vulnera sus derechos.
