La eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) violenta los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el país. Es un retroceso a sus derechos constitucionales, bajo un contexto en el que han sido afectados por la pandemia, sin que el Estado haya garantizado la recuperación escolar.
La Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim) se pronunció en contra de la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señalando que es contraria a lo establecido en el artículo 1.º constitucional en cuanto a que la garantía de los derechos debe hacerse de manera progresiva.
Mediante un pronunciamiento señaló que para 2019 al menos 27 mil 63 escuelas de educación básica eran atendidas por este programa, de las cuales mil 817 se encuentran en Chiapas; los apoyos que ofrecía se entregaban a escuelas públicas que atiendan a población escolar con elevados índices de pobreza y marginación.
La mayoría de las escuelas que han resultado beneficiadas se ubican en el ámbito rural, con el 87.3 %, y escuelas indígenas con el 21 %, tal como en su momento lo pudo comprobar Unicef.
Refirió que, de acuerdo con la ficha de monitoreo de la Coneval, 65.8 % de la población apuntó a que el primer alimento que consumía en el día era brindado por el servicio de alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo que permitió atender males como la desnutrición y malnutrición, que hoy sigue afectando a la niñez.
De acuerdo con la organización, anular este programa no sólo deja a más de tres millones de niños, niñas y adolescentes sin el resguardo escolar, sino que atenta contra los avances alcanzados en sistemas más igualitarios en el cuidado de niños y niñas y la inclusión laboral de madres.
“Esta medida sin duda va impactar a las familias y en concreto a las mujeres, quienes serán obligadas a buscar empleos más precarios de medio tiempo o incluso tendrán que evaluar la posibilidad de replantearse si pueden trabajar o no”.
Desde la Redim indican que han documentado que la escuela es un espacio de protección y seguridad para las niñas, niños y adolescentes, quienes son vulnerables ante desigualdades y diversas formas de violencia, la cual tiene sus peores expresiones en el reclutamiento por parte de grupos delictivos.
“El ámbito escolar representa un elemento esencial para la prevención de su acercamiento a la delincuencia organizada. Esta medida finalmente no sólo afecta los derechos, sino que también pone en riesgo el pleno desarrollo de la niñez”.
