Frente al monumental poder que construyeron en México los cárteles de la droga, el presidente Felipe Calderón decidió combatir a los criminales con el último de sus recursos: el Ejército. Se justificó como urgente dada la corrupción de las policías en todos los niveles gubernamentales.
A tres anos de distancia y con reportes de tortura contra los detenidos, y otros abusos en perjuicio de la población por parte de soldados, queda claro que en su día no se tomaron las medidas necesarias para vigilar su actuación, ni para luego restablecer las condiciones mínimas de seguridad que permitirían prescindir de su presencia en el futuro.
Era previsible que junto con los operativos llegaran los abusos. Así ha ocurrido en otros países donde operativos similares han sido lanzados a las calles por parte del Estado. Por tal motivo era esencial que, desde el principio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindara asesoría y presencia en los operativos de las Fuerzas Armadas.
Así ocurrió en Colombia y gracias a ello fue que los casos jurídicos enderezados en contra de los criminales organizados lograron suficiente vigor como para concluirse con firmeza. En México, al contrario, sorprende que sea hasta ahora que la CNDH llame a cuentas a los soldados. No haber acompanado al Ejército desde el principio ha tenido altos costos.
Quizá haya llegado el momento en que los agentes adscritos a las procuradurías y policías, así como los efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y Marina, se encuentren todos bajo una misma mirada muy cargada de defensa de los derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre una nación que persigue a sus enemigos desde la fuerza democrática de la suma de sus instituciones, y otra que se permite obviar el método.
No es imposible hacer compatible la persecución del delito y el estado de derecho. Es precisamente la vigilancia y protección de los derechos humanos lo que asegura el triunfo simultáneo de ambos valores. (El Universal)
