"El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebró ayer en el mundo, más como una meta por cumplirse que como reflejo de un hecho logrado.
Pocos países, si acaso, pueden considerarse como libres de pecado y desgraciadamente México está muy lejos de ser uno de ellos: carente ahora de una política definida y en medio de una virtual guerra entre un Estado que sólo tiene como instrumento efectivo al duro martillo militar y una delincuencia organizada que no parece tener freno de ninguna índole.
Lo malo que pase en otro país es una pobre excusa para las cotidianas violaciones en México, desde las más ""tradicionales"" discriminaciones a indígenas y mujeres a las más egregias y brutales, significadas por la impunidad de las autoridades y los delincuentes sin olvidar abusos repugnantes como el tráfico de personas o la pedofilia.
Las revelaciones sobre violaciones a derechos humanos de activistas sociales, sean históricas o actuales, ya no extranan a nadie y a veces parece comenzar a darse un embotamiento frente al abuso y una dosis de cinismo, sobre todo cuando trasciende que grupos narcotraficantes comienzan a financiar ""campanas"" contra los abusos a derechos humanos de que se acusa a los militares en su ""guerra antidrogas"".
Para dolor y vergüenza nacionales, tal vez con la excepción del genocidio, no pareciera haber violación a derecho humano que no se cometa en México en el marco además de la terrible sensación de impotencia de la sociedad para castigar a criminales vulgares, no se digan ya las cometidas por personajes influyentes, sean el góber precioso o su amigo Kamel Nacif.
Los instrumentos encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos se ven a su vez limitados -si es que no cooptados o influidos- por intereses políticos de personas o grupos más interesados en consolidar sus propias ventajas o mantener sus cotos de poder que en el desarrollo de la nación.
Los pleitos por jurisdicción, como en Sonora; la corrupción que permite fraudes o la desviación de fondos; la indiferencia hacia las necesidades de un país que pudiera ser mucho más de lo que es si trabajáramos por él y en beneficio común, son constantes violaciones a derechos humanos y recordarlo no es ni fácil ni agradable. Pero es una realidad que evita el que parezca extrano que la cólera popular se cristalice en reacciones como la registrada contra la Suprema Corte en el caso de Lydia Cacho o en la simpatía por los que se hacen justicia por propia mano.
Al margen de que la pura continuidad y agravamiento de las violaciones a derechos humanos son indeseables per se, la realidad es también que representan la continua ruptura del estado de derecho y, por tanto, un factor de alimentación continua a la comisión de más delitos e infracciones de lesa humanidad. Las cosas no deben quedar sólo en la mera denuncia periodística o en la propaganda recaudadora de fondos o justificante de ayudas de fideicomisos internacionales.
Mientras el respeto a las diferencias no sea una parte importante de nuestra educación y no podamos garantizar un estado de derecho, la protección que cada ciudadano mexicano merece seguirá dependiendo del dinero y las influencias. (El Universal).
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