zQué derecho defender primero: el de todo mexicano a la salud o el de libre ejercicio de la libertad propia para decidir sobre el propio cuerpo? Fumadores contra no fumadores se encuentran enfrentados por el avance en el Congreso de la Unión de la llamada ley antitabaco, que exigiría espacios 100 por ciento libres de humo en todo el país.
El debate no es menor, porque en él convergen consideraciones personales, legales y económicas. En el Distrito Federal ya ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa el ordenamiento que restringe de manera radical los lugares donde se puede fumar y que literalmente arroja a los adictos al tabaco a la calle, tal y como sucede en otras partes del mundo, donde las normas ambientales limitan el consumo de cigarros y puros en sus respectivas variedades en oficinas, dependencias públicas y, en algunos casos, hasta en lugares abiertos.
Durante anos, las companías tabacaleras han hecho un importante despliegue de cabildeo para convencer a legisladores y funcionarios de la importancia económica de su industria.
Llegaron incluso a ofrecer el pago de un peso al sistema nacional de salud por cada cajetilla vendida en México para apoyar la lucha contra enfermedades pulmonares o derivadas del tabaquismo. Han innovado sus formas de publicitarse, ante las cada vez más restrictivas leyes que les impiden promoverse sobre todo en la población joven del país.
Aun así, hay un problema cultural. El consumo de cigarros no data de la moderna industria tabacalera, sino que se remonta a los tiempos coloniales y aun prehispánicos, en los que, por supuesto, el avance de enfermedades relacionadas con su consumo no se encontraba generalizado.
Con el tiempo, los estudios fueron demostrando los danos para la salud no sólo del fumador activo, sino de los pasivos, aquellos que los rodean y llegan a procesar tanto humo como el que lo origina.
zQué derecho, entonces, proteger primero? Los representantes populares en las cámaras han decidido que el de la salud, y así ha avanzado desde la legislación capitalina hasta la federal.
Si así se ha decidido, se debe ahora poner mucho cuidado en que la aplicación de la ley no incurra en excesos o absurdos, que segreguen o discriminen. Levantar paredes, armar corralitos, presionar legal o extralegalmente a empresarios restauranteros, duenos de antros o lugares públicos por su naturaleza, no debe generar corrupción ni virtuales apartheids de odio hacia los fumadores.
Habrá que pensar primero en la rehabilitación antes que en el castigo, a riesgo de convertirnos en una ciudad artificialmente dividida. El legislador ha de ser muy cuidadoso en que la protección a los no fumadores no devenga en neuróticos reglamentos imposibles de ser aplicados.
La convivencia social pasa por el procesamiento de los hábitos. Reconocerlo así nos hará transitar de manera tersa de una sociedad de fumadores a otra más saludable, sin regatear derechos a nadie. (El Universal).
