Algunas disposiciones que se plantean en las iniciativas presentadas por los senadores Ricardo Monreal y José Narro, para derogar la Ley Agraria y expedir una nueva, podrían generar en caso de ser aprobadas, más conflictos sobre la tenencia de la tierra en estados como Chiapas, reactivando incluso algunos ya resueltos.
Así lo manifestó María Cecilia Flores Santiago, subcoordinadora de la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al abordar algunas repercusiones de ambas que se encuentran por ahora en análisis en el Senado de la República.
Mencionó que Chiapas es el segundo estado a nivel nacional con más núcleos agrarios, después de Veracruz, con alrededor de mil 71, de los cuales más del 95 por ciento son ejidales y el resto son comunidades.
De estos, además, solamente la mitad están certificados, lo que implica que una autoridad agraria hizo la medición exacta de lo que le corresponde a cada uno. Anteriormente se hacían de manera empírica.
“Estas condiciones ponen al estado en un panorama totalmente diferente al resto del país, donde los procesos de certificación son más sencillos, mientras que en la entidad, comunidades enteras han entrado en conflicto por tierras.
“Una preocupación de los núcleos agrarios es el empadronamiento, ya que actualmente dentro de estos no existe la certeza de quiénes y cuántas personas tienen derecho a posesión de esas tierras.
“Se propone que los derechos de los posesionarios sean equiparados a los derechos de los ejidatarios”, dijo.
Comentó que casi 700 mil personas están bajo estas circunstancias, es decir, tienen la posesión de la tierra, la trabajan, pero no tienen los mismos derechos que un ejidatario, que recibe cierto porcentaje de las tierras de uso común, participa en asambleas, de voz y voto, a adoptar el dominio pleno.
Otro asunto relevante es qué pasa con las mujeres campesinas cuando sus esposos migran a otros estados o países, como ocurre en Chiapas por ejemplo, y son ellas quienes trabajan las parcelas sin la garantía sobre la tenencia de la tierra, en caso de que el ejido decida asignarla a otro uso.
Por su parte, Sergio Bonfiglio, coordinador de la misma comisión, mencionó que hay diversos artículos en las iniciativas, como la autoadscripción de comunidades indígenas mediante títulos novohispanos, los asentamientos irregulares y la aportación de tierras de uso común a sociedades, mismos que serán analizados a fondo en los diversos capítulos de la Barra de Abogados.
A solicitud del Senado están realizando foros consultivos en las ciudades del país donde tienen presencia, para analizar las iniciativas y plantear propuestas sobre los puntos ambiguos, tomando en cuenta las necesidades de cada lugar.
Una de las iniciativas da a entender la desaparición del Tribunal Superior Agrario, algo que dijo es poco viable, dejando a un lado el tema presupuestal, se debe pensar en los derechos de los grupos vulnerables, y uno de ellos es que exista una instancia especializada para defenderse.
“Hay que tener en cuenta que fue hace 27 años cuando se legisló la última reforma en materia agraria, expidiéndose la ley, por lo que los especialistas consideran que es importante un marco legal acorde al escenario actual, donde a nivel nacional de casi 200 millones de hectáreas, 99 millones son propiedad de 32 mil 121 núcleos agrarios, muchos de los cuales concentran gran riqueza de agua, ecosistemas y biodiversidad”.
Además, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primero trimestre del año las actividades agropecuarias crecieron 2.6 por ciento, por lo que representa un área de oportunidad para el crecimiento económico.
