"A conmemoración del 200 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas atrae un sinfín de lugares comunes que salen y saldrán de boca de políticos, intelectuales y escribanos por encargo. Además de las elecciones federales, este ano nos depara una discusión que esperamos anime una renovada vocación liberal, a pesar de la resignación pesimista que la realidad convoca.
En el ámbito público la idea liberal está desprestigiada. Se la ha asimilado al ""neoliberalismo"", esa mala palabra que resume la antítesis de los conceptos fundamentales del liberalismo filosófico y político.
Si alguna contradicción flagrante existe en el panorama que caracteriza las relaciones económicas globales es la que hay entre una economía dominada por gigantescas concentraciones monopólicas u oligopólicas reunidas en cárteles que obtienen de sus estados el beneficio de privilegios incontestables, y la organización democrática de la mayoría de esos estados. Se trata de la existencia de poderes económicos supraestatales que disfrutan de la incapacidad reguladora de que adolecen los gobiernos para garantizar las condiciones fundamentales de la libertad económica. Estos poderes han convertido grandes regiones del mundo en cotos de extracción de recursos y ganancias sin atisbo alguno de equidad en el intercambio. Equidad que es un principio esencial del pensamiento liberal y supuesto de operación de la economía descentralizada.
Se crea o no en ella, la libertad económica es incompatible con la sujeción de millones de voluntades y bolsillos al control directo o indirecto de los grandes poderes económicos transnacionales, que no conocen ni practican el abecé del pensamiento liberal: la eficiencia como resultado del ""juego limpio"" en la competencia.
Poco se ha entendido que en el centro del liberalismo está la idea de libertad. Pero no exclusiva ni prioritariamente la noción de ""libertad"" para ""dejar pasar y dejar hacer"". La idea fundamental deviene de una filosofía política que concibe al individuo como sujeto capaz de informarse, pensar y tomar decisiones por cuenta propia. Para hacer posible la presencia de este ""individuo"", es precondición la existencia de una sociedad liberada de ataduras autoritarias. Del absolutismo medieval, del Estado paternalista, de los monopolios políticos e, inclusive, de las reminiscencias revolucionarias (y autoritarias) de los movimientos que cortaron las cabezas de las clases que basaban su existencia en el rentismo y la sumisión de la mayoría del pueblo.
La crítica del neoliberalismo no ha reparado suficientemente en la necesidad de distinguir el orden económico dominado por los grandes poderes privados, del orden social que comienza en la libertad de pensar y actuar, y que conduce a la deliberación como recurso de decisión colectiva. Precisamente porque estos poderes están fuera del alcance del común de los mortales y perjudican la vida colectiva, es que la distinción es imperativa.
A menos que se prefiera contestar a un orden económico global controlado por unos cuantos privilegiados oponiéndole alguna dictadura, controlada por otros cuantos (por más ""social"" que se proponga), la única alternativa válida es la deliberación pública, en condiciones de libertad individual sin cortapisas, para decidir por medios democráticos la reconstrucción del orden económico.
Si el problema fundamental de acción colectiva de los individuos libres frente al absolutismo subyugante fue, entre los siglos XVII y XX, la edificación de un Estado democrático, la cuestión central de hoy para la acción colectiva es cómo resolver la relación entre libertad, democracia y responsabilidad, es decir, a fin de cuentas, cómo establecer un orden que reconcilie justicia y libertad.
Entre las propuestas disponibles para ordenar el espacio público en esa dirección, sólo el liberalismo político avanzado resiste la prueba de ser un medio para conducir a ese resultado. Y aunque parezca difícil de creer, ese propósito sigue siendo una utopía.
La deliberación entre alternativas de acción colectiva, esencial finalidad del espacio político democrático, supone haber alcanzado un mínimo piso de valores y creencias compartidas por todo el cuerpo político. Sin cumplir este requisito es imposible la construcción de instituciones viables en el largo plazo. Si no existen creencias comunes acerca de qué es ser libre y justo, democrático y legal, solidario y diferente, individuo singular y a la vez miembro de un cuerpo social, tampoco es posible acordar qué es lo que se vale o no se vale hacer en el mundo de la economía y en la acción gubernamental.
La principal contribución de Benito Juárez y el grupo de intelectuales y políticos de los que se rodeó no fue la introducción de una idea, sino la estructuración de la nación decimonónica en torno de una razón pública que unificó a un sector de la clase política que venció al imperio e instauró la Constitución liberal. Empero, su principal limitación fue que esa razón pública no convenció a todos los actores relevantes del espectro económico y político y, por eso, la razón pública se convirtió en razón de Estado. Así, la idea liberal sucumbió en las dictatoriales manos de su héroe salvador: Porfirio Díaz.
Hoy, 5 de febrero, al conmemorar al Constituyente de 1917 vale la pena preguntar: zdisponemos actualmente de ese piso fundamental de valores y creencias compartidas acerca de nuestro ser social como para esperar que su institucionalización sea una expectativa razonable?
[email protected] * Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
"
