"El desafío violento y descarado de la delincuencia organizada en contra de la ley y sus instituciones debe ser enfrentado con firmeza y serenidad por las autoridades encargadas de la seguridad pública en el país.
Parece no haber duda de que el doloroso asesinato de seis servidores públicos, custodios del penal de máxima seguridad de Matamoros, no es más que una respuesta ciega y brutal de los narcotraficantes a las medidas tomadas por el gobierno federal para arrebatarle a los cárteles el control del penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, Estado de México.
Su reacción se enfoca, sobre todo, en la determinación gubernamental de reubicar a algunos de los capos que, desde ese sitio, continuaban manejando el negocio ilícito de la droga.
La respuesta de la autoridad ante este insolente reto, más que espectacular debe ser eficaz para afectar los intereses del crimen organizado y no exponer a las instituciones a más represalias reprobables como ésta, que ha costado la vida a seis personas inocentes elegidas ciegamente como víctimas de una venganza vil.
La paráfrasis utilizada por el presidente Fox de que dará la ""madre de todas las batallas"" contra el crimen organizado y el narcotráfico, si bien no resulta del todo afortunada, sí va en el sentido de poner un alto a los delincuentes que pretenden imponer sus reglas a la sociedad.
Tanto el secretario de Gobernación, Santiago Creel, como el de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, coinciden en que los asesinatos a sangre fría de estos guardias son la respuesta del hampa a la limpia que se está haciendo de los penales.
En ese sentido vale exigir que no se detenga el saneamiento de las prisiones y que se vaya a fondo en dicha tarea, como una convicción del Estado y no sólo como una reacción ante el exceso de irregularidades que estallaron en forma de homicidios entre reos.
Es momento de iniciar un profundo análisis y una cruda reflexión en torno de las razones por las que se ha permitido que durante por lo menos cuatro anos ocurran irregularidades que ahora se convierten en crímenes intolerables en un país regido por un Estado de Derecho.
Sirve además la coyuntura para meditar sobre los recursos federales asignados a la seguridad pública, que en el contexto de anos de austeridad, cada vez son más exiguos y han facilitado a los criminales su labor. El armamento, los medios de transporte y los aparatos de comunicación de los delincuentes suelen ser muy superiores a los de las corporaciones que les hacen frente. No podemos militarizar el presupuesto, pero sí poner seriamente en la balanza de las prioridades esta lucha que parece ascendente y de ningún modo de corto plazo.
El control que ejerce el narcotráfico en los penales es un reflejo del poder que ha adquirido en lugares como Matamoros, donde son cosa común los enfrentamientos y las ejecuciones de rivales, periodistas, funcionarios, policías y ciudadanos inocentes, atrapados entre el fuego de una guerra a muerte entre los cárteles de la droga.
Está comprobado que el reto que están planteando los narcotraficantes no podrá ser combatido sólo con la remoción de funcionarios menores o directores de los penales, sino que estamos hablando de una guerra que requiere de una cirugía mayor para ser erradicada.
Asimismo, habrá que establecer una política nacional de seguridad pública que en verdad ataque las raíces sociales, económicas y de salud que sustentan la actividad del narcotráfico. (El Universal).
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