Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, confirmó el desafuero y detención de David “N”, hoy expresidente municipal de Tapilula, por el delito de violencia familiar en la localidad de Puerto Arista, municipio de Tonalá.
Llaven Abarca detalló que de acuerdo con la carpeta de investigación, iniciada el 22 de marzo de 2020, a las 20:50 horas de ese día, el exalcalde (pareja sentimental) agredió en rostro y brazos a la agraviada, en el interior del hotel denominado “Las Palmas”, ubicado en Puerto Arista, municipio de Tonalá, por lo que fue detenido por elementos policiacos.
El fiscal general afirmó que se logró establecer medidas de protección para la denunciante, y posterior, se recabaron datos de prueba, así como valoración psicológica y victimológica con resultados que establecen el grado de afectación emocional y vulnerabilidad.
La Fiscalía acreditó que el imputado se desempeñaba como presidente municipal, por lo que solicitó su desafuero ante el Congreso del Estado, mismo que fue concedido de manera inmediata.
Ante la circulación de videos en la cual la víctima desmiente los hechos, Llaven Abarca comentó que se tienen los datos de prueba suficientes para establecer la relación sentimental, además, por medio de dictámenes de mecánica de lesiones, se logró determinar las agresiones en nariz, labios y brazos.
“Respetamos lo que dice ella, tampoco buscaremos revictimizarla (…) Este suceso es común, el año pasado el 80 por ciento de la denuncias se terminaban por que la víctima perdonaba a su agresor, pero con la reforma al Código Penal en julio del año pasado, ahora podemos seguir la investigación. Además, vamos a demostrar a través de dictámenes psicológicos el denominado “Síndrome de la Mujer Maltratada”, explicó.
Llaven Abarca agregó que no iniciaron esta carpeta bajo un sesgo político, ni tampoco existe una fabricación de un delito.
“Solo investigamos los hechos, somos muy transparentes en realizar los actos de investigación”, enfatizó.
De ser declarado culpable, el hoy expresidente municipal podría alcanzar una pena de cinco a ocho años de prisión por el delito de violencia familiar, informó el fiscal general del estado.