La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha votado a favor de que se efectúe el juicio de procedencia, en el pleno de la Cámara, para el desafuero, o no, del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, senalado por desacatar un amparo concedido a los propietarios del predio denominado El Encino, en Santa Fe, Distrito Federal.
Tal decisión, ampliamente discutida en el seno de los partidos representados en esa instancia, se apega a la letra de la ley y a los procedimientos vigentes, pero no puede ocultarse que se trata de un asunto muy serio, que sin duda influirá en los acontecimientos futuros del país.
Ante lo ocurrido, es importante que las partes actúen con prudencia y, sobre todo, con plena confianza en las instituciones y en la vigencia final de la ley. El procedimiento está lejos de haber sido agotado; no obstante no debe afectar la tranquilidad y la paz social en México. Por ello es preocupante que quienes han conducido esta controversia al parecer estén a tal grado deseosos de lograr sus objetivos, que se ven dispuestos a arriesgar esos preciados bienes sociales, con el objeto aparente de obtener beneficios políticos transitorios.
Es importante recordar que la transgresión de que se acusa al jefe de Gobierno se refiere esencialmente a la violación de un principio legal y no existen terceros perjudicados, puesto que el dueno del predio mantiene su posesión y usufructo, y no hay reclamo por pérdidas monetarias ni desvíos o quebrantos al patrimonio de los ciudadanos. Hay que insistir en que al jefe de Gobierno le quedan instancias muy efectivas, como el amparo, el que lejos de implicar un reconocimiento de culpa alguna, existe para proteger a los ciudadanos de decisiones injustas de las autoridades.
Tampoco es válido que López Obrador, al negarse a agotar sus elementos de defensa, se presente como víctima inerme de una injusticia concertada, siendo que en realidad la controversia se podía haber solucionado con facilidad, pero que se dejó crecer y se ha querido convertir en una amenaza a la paz social. No se debe usar nunca como rehén a la buena voluntad y a la lealtad tradicional de los mexicanos.
Por otro lado los ojos del mundo están fijos en nuestro país. Los medios en el exterior y las autoridades de otras naciones no se dejan llevar por proclamas y entienden muy bien qué es lo que está en juego.
Es importante que los participantes den muestras de madurez y corten ya por lo sano este debate, antes de que afecte la tranquilidad social. Sin duda se acrecentará la figura política y la proyección histórica de aquellos que decidan darle una solución no rijosa a este prolongado enfrentamiento.
Por ello es tiempo ya de que nuestros políticos dejen de preocuparse por lo inmediato y asuman una visión de estadistas, capaces de imaginar un país mejor y más democrático, sin la amenaza de la inestabilidad y las represalias interminables de facciones políticas.
Desde otro ángulo, si la severidad mostrada en contra del jefe de Gobierno no se debe a circunstancias políticas transitorias, es de esperarse que lo ocurrido marque el fin de la excesiva tolerancia que se ha mostrado en contra de quienes han agraviado al pueblo de México y han administrado mal sus recursos, los que una y otra vez han resultado exonerados, muchas veces por meros tecnicismos legales.
El procedimiento aún no termina. Siguen otros espacios de fiscalización y defensa. Lo que importa ahora es que, en todo caso, predomine la ley, la serenidad, la justicia y el respeto a todos los mexicanos. (El Universal).
