Con una orden judicial autoridades desalojaron a comerciantes que mantenían su presencia en los terrenos de la Plaza Tlapachol, así como a un particular que bajo el argumento de una presunta posesión pretendía dar rentados algunos espacios y hasta había hecho construcciones dentro del sitio adjudicado a un grupo de transportistas, al cual el Gobierno del Estado benefició dentro del programa de reordenamiento urbano hace más de una década.
Autoridades judiciales acompañadas de una decena de patrullas llegaron la mañana de este lunes al lugar ubicado en la 3.ª y 5.ª Poniente, entre 12.ª y 14.ª Norte, donde notificaron a un grupo de aproximadamente 25 comerciantes -que mantenían puestos semifijos- a que desalojaran, toda vez que un particular estaba realizando construcciones en el interior y se señala que incluso pretendía dar rentados algunos espacios a otros particulares, aduciendo la posesión del terreno y con ello el derecho.
No hubo oposición al desalojo por parte de los comerciantes, mismos que tenían en esa plaza espacios a la orilla de la calle y que dentro de otro programa de convenio entre el Gobierno Municipal, en el 2015 se comprometió a dar servicios básicos y pagar una renta a los transportistas para ubicar allí a los comerciantes ambulantes.
Y es que los derechos de ese espacio en la Plaza Tlapachol corresponden a un grupo de transportistas denominado Tlapachol, entre los que se encontraban Miguel Santiago Duque, Emilio Orduña, Pacifico Cabrera. En esa zona, en su momento, en coordinación con Gobierno del Estado, se pretendía establecer una terminal de transporte urbano colectivo dentro del programa de reordenamiento y se le adjudicó a los transportistas, sin embargo, ese proyecto no se concluyó porque no funcionó como terminal.
En esa época los comerciantes ambulantes dividieron los espacios y empezaron a trabajar, pero con el tiempo muchos volvieron a las calles, mientras que otros más se quedaron en la zona e incluso también ocuparon otros espacios en la vía pública; sin que el Ayuntamiento de ese entonces cumpliera en el pago acordado con los transportistas, y las siguientes administraciones tampoco lo hicieran.
Los comerciantes señalaron que hace algunos meses un particular, bajo el argumento de tener la posesión del inmueble, empezó a realizar construcciones y dar rentados algunos espacios, lo que habría provocado que los transportistas acudieran ante las instancias judiciales para exigir el desalojo y que se les devolviera el inmueble.
