Pobladores del municipio de Berriozábal acudieron al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez para solicitar a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que continúen con los desalojos en esta zona de Chiapas, donde integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) mantienen invadidas 20 de 89 hectáreas en el ejido Santa Inés Buena Vista.
Soledad López Ríos, propietaria en la zona, puntualizó que, aunque los predios están vacíos, no pueden tomar posesión debido a que sigue el proceso de investigación por parte de las instancias gubernamentales.
Archivos
En documentos que fueron entregados a este medio de comunicación, con fecha del 29 de abril de este año y con el respaldo de Rafael Ángel Montes Araujo, apoderado legal de la asociación civil “Jubilados de Santa Inés”, se pide la restitución de los inmuebles, pero hasta esta fecha la solicitud no hizo eco.
El pasado 21 de mayo de 2017, en punto de las 15:00, Adán Ermitaño López González, presidente de la Sociedad de Jubilados, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer formal la denuncia por el delito de despojo.
“Un grupo de aproximadamente 200 personas ingresaron de manera furtiva a los bienes propiedad de su representada, el cual cuenta con una superficie de 89 hectáreas, en donde se posicionaron de aproximadamente 20 hectáreas de la totalidad”, detalla el escrito.
Por esta situación se dio inicio a la carpeta de investigación 428-027-0401-2017. La urgencia que tienen los pobladores en este lugar se debe básicamente a que aparte de las invasiones, también han sufrido actos de rapiña por parte de quienes integran dicha organización social.
Testimonio
Santiago es una persona de 52 años y está ciego; adheridos al Mocri lo amarraron de los pies y lo sacaron de su vivienda; esto ocurrió el 21 de mayo de 2017, debido a que no quiso sumarse a las actividades ilícitas.
Ahora le piden al gobierno que haya seguridad, porque el grupo en resistencia está desmantelando las viviendas y se llevan las pertenencias de los habitantes.
Desde entonces y hasta la fecha -como la mayoría de los pobladores de este ejido- se encuentra rentando, cuando tiene un patrimonio que no pueden disfrutar, por la irresponsabilidad de otras personas.
Denuncias
El 22 de mayo de 2017, quienes integran la asociación civil, también enviaron un documento al entonces secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, en el que acusaban no solamente al Mocri de efectuar estos despojos, sino también a Rosaveiry Clemente Solís, “quienes de manera violenta ingresaron a la propiedad el pasado día 21 de los corrientes a partir de las 15 horas”.
El texto añade: “Cabe mencionar que dicha propiedad cuenta con escritura pública a nombre de la asociación civil y los propietarios somos en total doscientas familias, de las cuales varias fueron agredidas y despojadas de sus pertenencias”.
Daños
López Ríos calculó que son más de 300 personas a quienes les invadieron sus terreros que tenían, en promedio entre 10 y 20 metros cuadrados. Los inconformes aclararon que no se han metido al lugar porque respetan las leyes y confían en los trabajos que realicen las autoridades.
Incluso, la afectada reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno para desalojar otras invasiones; el diálogo con el grupo que invadió es imposible, debido a que se trata de personas violentas.
En tanto, la FGE ha informado que en este año se han recuperado más de dos mil 800 hectáreas de predios invadidos en varios municipios de Chiapas y 120 personas enfrentan un proceso por este tema.
Finalmente, los propietarios (con mantas y consignas) insistieron a las autoridades la necesidad de aplicar el estado de Derecho, darle solución a este problema y regresar la gobernabilidad y el orden social a estas comunidades que por muchos años han sido víctimas de invasiones de este grupo social.
